Jorgelina Mudallel y Jorge Andrés Fernández cuestionaron el octavo aumento del boleto durante la gestión del intendente Juan Pablo Poletti y reclamaron avanzar hacia una solución estructural del sistema de transporte público en la ciudad de Santa Fe.

Los ediles advirtieron que el nuevo incremento fue “anunciado un viernes a la noche y por los medios, sin comunicación oficial”, y sostuvieron que “la única creatividad de esta gestión parece ser hacerle la vida cada vez más cara a los santafesinos”.

Según detallaron, desde el inicio de la gestión de Unidos el boleto frecuente aumentó un 763,64%, mientras que actualmente 40 viajes mensuales representan casi el 21% del Salario Mínimo, Vital y Móvil. “El sistema se volvió insostenible para trabajadores, estudiantes y familias que dependen todos los días del colectivo”, remarcaron.

En esa línea, cuestionaron el esquema tarifario anunciado por el Ejecutivo municipal. “Venden un descuento para no decir que aumentan exponencialmente el boleto. Es lo único que sabe hacer esta gestión”, afirmaron. Y agregaron: “Aplicar un 10% de rebaja sobre una tarifa base confiscatoria no es un beneficio social, es blanquear la extorsión. El Municipio te cobra $1.900 y lo disfraza de ‘ventaja’ simplemente porque la tarifa máxima es de $2.111,11”.

Además, advirtieron sobre el deterioro del servicio: “¿Quién garantiza que este incremento sostenga la calidad del sistema? Hoy se paga por una supuesta ‘frecuencia’ dentro de un esquema vaciado. El usuario frecuente, el trabajador que toma dos o cuatro colectivos por día, paga tarifas de primera para financiar un sistema roto”. En ese sentido, denunciaron que mientras el boleto continúa aumentando, las empresas aplican recortes de hasta el 40% en horarios valle, fuera de las franjas pico.

En este contexto, recordaron las distintas iniciativas impulsadas desde el Bloque Justicialista para intentar frenar la crisis del sistema. Entre ellas, mencionaron el proyecto para establecer un tope al aumento del boleto, de modo que la tarifa no pueda crecer por encima de la inflación o las paritarias.

Además, insistieron en la necesidad de que el Ejecutivo municipal reclame judicialmente al Gobierno nacional los fondos compensadores y los recursos provenientes del impuesto a los combustibles destinados al transporte. “Hace dos años venimos planteando que no alcanza con discursos. Hay que defender los recursos que le corresponden a Santa Fe y sostener un esquema que priorice a los usuarios y no solamente a las empresas”, señalaron.

Mudallel y Fernández también exigieron el cumplimiento efectivo de la Ordenanza Nº 12.933 de Emergencia de Movilidad, particularmente el artículo que establece la realización de un nuevo proyecto integral de mejora del sistema. “Existe un estudio técnico serio, realizado incluso durante una gestión del mismo signo político, que plantea mejoras de recorridos y frecuencias. No puede seguir gobernándose con parches mientras los usuarios pagan cada vez más caro un sistema cada vez más precario”, afirmaron.

Asimismo, acompañaron el pedido para que el intendente y el secretario de Transporte brinden explicaciones en el recinto del Concejo Municipal y reclamaron la conformación de una verdadera Mesa de Seguimiento y Trabajo sobre movilidad urbana. En esa línea, los concejales volvieron a cuestionar la intención del Ejecutivo de extender la emergencia en transporte hasta 2027 y reiteraron que “no se puede sostener eternamente una ficción jurídica basada en la excepcionalidad permanente”.

“El transporte público de la ciudad lleva más de 16 años funcionando bajo esquemas de emergencia y precarización. Es momento de terminar con los parches, avanzar hacia una licitación pública transparente y discutir una solución integral que piense en los usuarios y en una movilidad moderna para la ciudad”, concluyeron.

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