Luego de una semana atravesada por negociaciones y ajustes en el texto original, el Senado de Santa Fe aprobó el proyecto que prohíbe la actividad de cuidacoches en la provincia, con una serie de modificaciones que buscaron contemplar las distintas realidades territoriales.

La iniciativa, impulsada inicialmente por el senador rosarino Ciro Seisas, fue reformulada tras la intervención de funcionarios del gabinete provincial y finalmente obtuvo luz verde con un esquema que combina sanciones en el Código de Faltas con la implementación a cargo de los municipios.

En concreto, la norma incorpora nuevos artículos al régimen contravencional y habilita a la Policía a actuar de oficio, aunque deja en manos de cada ciudad la decisión de adherir y reglamentar la prohibición mediante ordenanzas propias.

Este punto fue clave para destrabar el debate, especialmente ante los planteos de legisladores del interior, quienes advertían que la problemática no tiene el mismo impacto en todo el territorio y se concentra principalmente en grandes centros urbanos como Santa Fe y Rosario.

Sanciones y agravantes

El proyecto establece que quienes realicen la actividad sin autorización en zonas donde esté prohibida podrán ser sancionados con trabajos comunitarios de entre 2 y 10 días, además de la prohibición de concurrir al lugar donde se cometió la infracción. En caso de reincidencia, se prevé arresto de entre 10 y 20 días.

Las penas se endurecen en situaciones específicas, como cuando medien amenazas o violencia, cuando la actividad se desarrolle en áreas con estacionamiento regulado o en las inmediaciones de eventos masivos. También se contemplan agravantes vinculados a condiciones de vulnerabilidad de las víctimas o franjas horarias sensibles, como la noche.

Asimismo, la norma incorpora un apartado dirigido a quienes organicen o coordinen estas prácticas, con sanciones que pueden escalar significativamente respecto de los autores directos.

Rol clave de los municipios

Uno de los ejes centrales del texto aprobado es que serán los gobiernos locales los encargados de definir la aplicación concreta de la norma. Para ello, deberán sancionar ordenanzas de adhesión que determinen alcances y modalidades en cada jurisdicción.

En ese marco, los municipios podrán requerir la intervención de la fuerza pública para hacer cesar la actividad en el espacio público, en caso de contravenciones o situaciones de flagrancia.

La inclusión de este esquema de “adhesión local” permitió descomprimir resistencias y alcanzar los consensos necesarios para la aprobación en la Cámara alta.

Un enfoque que suma lo social

Más allá del componente sancionatorio, la ley también incorpora un capítulo orientado a un abordaje integral de la problemática, que contempla políticas de inclusión social.

Entre ellas se prevén programas de capacitación, formación en oficios, intermediación laboral y asistencia en salud mental y consumos problemáticos, con especial énfasis en la articulación entre Provincia y municipios.

La participación de ministros de áreas clave como Gobierno, Seguridad, Economía y Desarrollo Humano durante la previa al debate fue determinante para cerrar una propuesta que, finalmente, busca equilibrar control, regulación y contención social en torno a una problemática instalada en las principales ciudades de la provincia.