El oficialismo busca destrabar diferencias y avanzar con una ley que combina sanciones, intervención municipal y un abordaje social. La semana pasada, el debate se frenó a pedido del Ejecutivo, que planteó reparos sobre la iniciativa y forzó nuevas negociaciones.
15:42 hs - Jueves 19 de Marzo de 2026
Tras la postergación del debate la semana pasada, el Senado de Santa Fe se encamina a aprobar el proyecto que busca prohibir la actividad de cuidacoches y limpiavidrios en la provincia, aunque con una redacción modificada que contemple las distintas realidades del territorio.
El tratamiento se reactivó luego de una reunión clave entre senadores y ministros del Ejecutivo, en la que se intentó saldar el principal punto de conflicto: la delimitación de competencias entre la Provincia y los municipios.
La iniciativa, que unifica distintos proyectos previos, propone incorporar la actividad al Código de Faltas, habilitando la intervención policial ante contravenciones. Sin embargo, establece que serán los municipios los que tendrán la potestad de prohibir o regular la actividad mediante ordenanzas, en función de su realidad local.
En ese sentido, el esquema apunta a evitar una aplicación uniforme en toda la provincia, teniendo en cuenta que el fenómeno se concentra principalmente en grandes ciudades como Santa Fe y Rosario, mientras que en otras localidades presenta características diferentes o menor impacto.
Sanciones y criterios de aplicación
El proyecto contempla sanciones para quienes ejerzan la actividad en zonas prohibidas o incurran en situaciones de violencia o extorsión. Según se detalló, las penas podrán incluir trabajo comunitario de entre 2 y 10 días, y en casos de reincidencia, arrestos de entre 10 y 20 días.
Además, se prevé que las penalidades puedan agravarse según el contexto, como horarios, reiteración de faltas o situaciones vinculadas a violencia de género.
Otro punto clave es que, una vez que los municipios adhieran a la prohibición, podrán solicitar la intervención de la Policía provincial para actuar en casos de infracciones o delitos en flagrancia.
Un abordaje integral y no solo punitivo
Durante las negociaciones, el oficialismo puso el foco en que la ley no tenga únicamente un carácter sancionatorio. Por eso, se incorporaron herramientas que apuntan a un abordaje integral del problema, incluyendo aspectos sociales y económicos.
Entre las alternativas en análisis aparece la posibilidad de crear registros locales para identificar situaciones particulares y evitar generalizaciones. “No es todo lo mismo”, advirtió Borla, en referencia a la diversidad de realidades detrás de quienes desarrollan estas actividades.
En paralelo, el proyecto contempla la necesidad de políticas de contención, capacitación e inserción laboral, especialmente en los grandes centros urbanos donde la problemática tiene mayor visibilidad.
El rol de las ciudades y el impacto territorial
La discusión también dejó en evidencia que la aplicación de la norma dependerá en gran medida de las decisiones locales. En ciudades como Rosario, por ejemplo, ya anticiparon que será necesario avanzar con ordenanzas específicas y aplicar un esquema progresivo, priorizando las zonas más conflictivas.
En la ciudad de Santa Fe, la actividad de cuidacoches ya se encuentra prohibida por normativa local, y desde el municipio fueron impulsores de una legislación provincial que otorgue mayores herramientas de intervención a la Policía para abordar la problemática.
La iniciativa se da en un contexto marcado por reiterados episodios de violencia, algunos de ellos de gravedad, que tuvieron como protagonistas a cuidacoches y automovilistas, lo que reforzó la necesidad de avanzar con un marco legal más amplio y efectivo.
Con este escenario, el Senado busca salir del compás de espera y avanzar en una ley que, si bien podría aprobarse en las próximas horas, llegaría con cambios respecto al texto original y con el desafío de articular su implementación entre Provincia y municipios.