Las empresas de transporte público del interior del país declararon el estado de emergencia del sistema, al advertir que la continuidad del servicio se encuentra “en riesgo real” por una combinación de factores económicos y operativos que, según sostienen, comprometen la sustentabilidad de la actividad.

A través de un comunicado dirigido a los usuarios, los empresarios señalaron que la posibilidad de mantener en funcionamiento los colectivos depende de la resolución urgente de cuatro problemas estructurales que afectan al sector.

• Deuda en subsidios nacionales

Uno de los principales reclamos está vinculado con la falta de pago de compensaciones por parte del Estado nacional. Según indicaron, se adeudan los fondos correspondientes a los Atributos Sociales del sistema SUBE de enero y febrero de 2026, además de pagos pendientes de meses anteriores.

Desde el sector explicaron que estos recursos forman parte de los ingresos genuinos de las empresas, ya que constituyen la compensación que permite cubrir el costo del boleto para determinados grupos de usuarios.

“Este dinero es parte de los recursos necesarios para sostener el sistema y compensar el valor real del pasaje”, advirtieron.

• Aumento sostenido del gasoil

Otro de los factores que golpea la estructura de costos es la suba constante del precio del combustible, un insumo clave para la operación diaria del servicio.

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De acuerdo con el comunicado, los aumentos del gasoil impactan de manera directa en la capacidad operativa de las empresas, ya que se trata de uno de los principales costos del sistema.

Además, remarcaron que los incrementos registrados en el combustible aún no se reflejan en el valor del boleto, lo que profundiza el desfasaje económico.

• Beneficios sin financiamiento

Los empresarios también advirtieron sobre el impacto de las gratuidades y beneficios tarifarios que deben garantizar provincias y municipios, pero que —según aseguran— no cuentan con el financiamiento correspondiente.

Estos beneficios, explicaron, representan alrededor del 18% del total de pasajeros mensuales, lo que implica un volumen importante de viajes que no generan ingresos directos para el sistema.

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“Sin el pago de esas compensaciones, el sistema se desfinancia”, señalaron desde el sector.

• Caída de pasajeros y transporte irregular

El cuarto factor que preocupa a las empresas es la pérdida de usuarios y el avance del transporte irregular, al que consideran una competencia desleal.

Según indicaron, en el último año el sistema perdió cerca del 30% de sus pasajeros, un escenario que agrava la situación financiera de las compañías.

Desde el sector sostienen que la presencia de servicios informales debilita aún más al transporte público, que continúa siendo el único medio de movilidad disponible para millones de personas en el interior del país.

Riesgo para la continuidad del servicio

Las empresas advirtieron que la situación ya tiene consecuencias concretas en varias ciudades, donde algunas compañías enfrentan dificultades para afrontar el pago de salarios y el mantenimiento básico de las unidades.

En ese contexto, señalaron que el transporte público del interior garantiza más de 50 millones de viajes mensuales y constituye un servicio esencial para trabajadores, estudiantes y usuarios que dependen del colectivo para desplazarse.

Por ese motivo, solicitaron una intervención urgente de las autoridades para garantizar la continuidad del sistema.

“Necesitamos que se respeten los contratos y la ley para poder garantizar un servicio seguro, continuo y de calidad”, concluye el comunicado dirigido a los pasajeros.