La Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público de la Acusación y el Ministerio Público de la Defensa firmaron el convenio para distribuir 2.628 metros cuadrados del edificio. El MPA prepara una primera mudanza al quinto piso, mientras que la Defensa ocupará parte del primer nivel.
18:59 hs - Martes 06 de Octubre de 2026
La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y el Ministerio Público de la Defensa formalizaron este martes un convenio para establecer la distribución de los espacios físicos del Edificio Anexo de los Tribunales de Santa Fe.
El acuerdo, firmado por el presidente de la Corte Suprema, Rafael Gutiérrez, la fiscal general del MPA, María Cecilia Vranicich, y la defensora general, Estrella Moreno Robinson, busca avanzar en la concentración de los distintos actores del sistema penal en una misma unidad edilicia y mejorar las condiciones para el funcionamiento del servicio de Justicia.
El convenio establece que los Ministerios Públicos dispondrán de un total de 2.628 metros cuadrados, distribuidos en 318 metros cuadrados en el subsuelo, 350 metros cuadrados en el primer piso, 580 metros cuadrados en el quinto piso y 1.380 metros cuadrados en el sexto piso, sector que todavía se encuentra en etapa de finalización de obra.
Desde los organismos destacaron que el acuerdo es el resultado de gestiones conjuntas y lo consideraron una muestra de “responsabilidad institucional y madurez” en la relación entre los distintos poderes del Estado.
El MPA prepara una primera mudanza
Tras la firma, la fiscal general María Cecilia Vranicich explicó que el Ministerio Público de la Acusación pretende avanzar rápidamente con una primera etapa de traslado hacia el quinto piso del Anexo.
“Hemos llegado a un acuerdo luego de muchas idas y vueltas necesarias. Nos queda la tarea de distribuir a nosotros los espacios. Nos urge porque las condiciones en las que están trabajando no dan para más, lo vamos a hacer lo antes posible”, sostuvo.
La funcionaria explicó que la primera mudanza permitiría desocupar otros espacios que actualmente utiliza el organismo y reorganizar sus equipos de trabajo.
En ese sentido, adelantó que la intención es trasladar al quinto piso un equipo de alrededor de 103 personas, integrado por trabajadores vinculados a las unidades de Violencias Altamente Lesivas y Delitos Complejos.
“Lo que estamos viendo con el fiscal regional es que ese equipo de trabajo de Violencias Altamente Lesivas, junto con Complejos en principio, pase al piso 5”, precisó Vranicich.
La fiscal general remarcó que la necesidad de concretar el traslado está directamente relacionada con las condiciones actuales de trabajo y planteó que la mudanza se realice lo antes posible.
La Defensa también trasladará parte de sus equipos
Por su parte, la defensora general Estrella Moreno Robinson destacó la importancia de que los distintos actores del sistema penal puedan funcionar dentro de un mismo edificio.
“Hoy tenemos una situación donde se trabaja en calle San Martín con mucha gente en un espacio reducido, pero por sobre todas las cosas lo que nos interesa es que los defensores puedan estar cerca de las salas de audiencias, de los fiscales, de los jueces, y que la gente acuda a un solo lugar”, explicó.
Moreno Robinson aclaró que el Ministerio Público de la Defensa no trasladará la totalidad de la Defensoría Regional, sino una parte importante de sus equipos.
En ese marco, señaló que en las conversaciones mantenidas con el MPA se acordó destinar inicialmente el primer piso a la Defensa.
“Siempre con esta idea, lo que queremos es dar mejor servicio”, sostuvo la defensora general.
Un acuerdo que no cierra las conversaciones
La firma del convenio representa un avance en la discusión por la distribución de los espacios del nuevo edificio, aunque las partes aclararon que el diálogo continuará abierto.
Según se informó, se realizarán nuevas evaluaciones con el objetivo de alcanzar los espacios que ambos Ministerios Públicos consideran necesarios para desarrollar adecuadamente sus funciones.
Desde los organismos remarcaron que la concentración en una misma unidad edilicia de los distintos actores del sistema penal permitirá mejorar la articulación entre fiscales, defensores y jueces, además de facilitar el acceso de los profesionales del derecho y de la ciudadanía a las distintas dependencias.
Seguridad y funcionamiento del edificio
El convenio también establece aspectos vinculados al funcionamiento general del Anexo. Los Ministerios Públicos instalarán sus respectivos centros de datos en los espacios que les fueron asignados.
Por su parte, el Poder Judicial mantendrá a su cargo exclusivo el monitoreo mediante videovigilancia y la seguridad integral del predio.
Además, los gastos correspondientes a la energía eléctrica, telefonía fija y conexión inalámbrica en las áreas de circulación común serán asumidos por la administración de la Corte Suprema de Justicia.