El fiscal Manuel Cecchini busca localizar a la presunta administradora prófuga tras varios allanamientos infructuosos. Mientras el encargado sigue detenido, el MPA investiga la apropiación de tarjetas de débito, la derivación de pacientes desde hospitales y posibles fallas en denuncias previas ingresadas en 2025.
10:58 hs - Lunes 03 de Agosto de 2026
La causa judicial que investiga el funcionamiento del geriátrico ilegal de calle José Gollán al 10.100, en barrio Nuevo Horizonte, sumó en las últimas horas un paso clave en los estrados del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
El fiscal Manuel Cecchini solicitó formalmente una prórroga de los plazos procesales para profundizar las medidas de prueba, ubicar el paradero de la presunta administradora —quien permanece prófuga— y consolidar el legajo antes de formalizar las imputaciones.
Actualmente, las actuaciones se centran en dos frentes simultáneos: por un lado, el encargado del lugar continúa en condición de detenido y la Fiscalía tiene margen hasta este jueves para llevarlo a la audiencia imputativa; por el otro, la Policía de Investigaciones (PDI) ejecuta una serie de allanamientos y seguimientos para detener a la dueña del inmueble y juzgar a ambos de manera conjunta.
"Si existió alguna situación que no haya tenido la debida atención por parte del Ministerio Público de la Acusación ante denuncias previas, se adoptarán las medidas administrativas y eventualmente disciplinarias que correspondan", manifestó Jorge Nessier, fiscal regional de Santa Fe.
Los nuevos ejes de la investigación penal
El avance de las diligencias permitió al equipo fiscal ampliar el radio de la causa, la cual ya no se limita únicamente al encierro de los residentes, sino que abarca delitos económicos y responsabilidades institucionales:
Investigación financiera por estafas: se ordenó el levantamiento del secreto bancario sobre las cuentas de los residentes para reconstruir el uso de tarjetas de débito, cobro de jubilaciones y posibles maniobras de despojo patrimonial.
Circuito de captación: buscan determinar cómo llegaban los abuelos al lugar y si existieron derivaciones informales desde efectores de salud u otras dependencias.
Encierro bajo candado: el fiscal regional Jorge Nessier ratificó que las víctimas permanecían bajo llave y con candado al momento del incendio desatado en un colchón, lo que configura la figura de privación ilegítima de la libertad.
Auditoría interna en el MPA: se abrió una actuación administrativa tras confirmarse que la mujer buscada ya había sido denunciada en 2025 por gestionar otros asilos irregulares, sin que se hayan aplicado medidas cautelares preventivas en su momento.
Un inmueble sin habilitación y con antecedentes
Las pericias confirmaron de manera oficial que el lugar de calle José Gollán carecía de todo tipo de habilitación municipal o provincial para funcionar como residencia gerontológica. La constatación de que la principal sospechosa ya contaba con antecedentes judiciales acumulados durante el año anterior por maniobras calcadas en otros puntos del Gran Santa Fe acentuó la urgencia de los peritos por determinar la responsabilidad penal en cada uno de los eslabones operativos del recinto.