A poco más de cinco meses de la implementación de la nueva Ley de Seguridad Privada, el Gobierno de Santa Fe registró una reducción del 30 % en las llamadas al sistema de emergencias 911 derivadas de alarmas fallidas o activaciones sin incidentes reales. La disminución equivale a 15.659 comunicaciones menos respecto del mismo período del año anterior y representa una mejora significativa en la utilización de los recursos operativos de las fuerzas de seguridad.

Según datos oficiales, hasta fines de mayo de 2025 se habían contabilizado 48.610 llamados vinculados a alarmas privadas, mientras que en igual período de 2026 la cifra descendió a 32.951.

La reducción de estas intervenciones permitió fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias reales y aliviar la demanda innecesaria sobre patrulleros y operadores del sistema.

El impacto en la operatividad policial

El subsecretario de Emergencias 911 de la provincia, Pablo Polito, señaló que la normativa tuvo un efecto directo en el trabajo diario de las fuerzas. "Esta ley ha sido una herramienta fundamental que nos permitió optimizar los recursos policiales en la calle, reduciendo un 30 % las llamadas por falsas alarmas o alarmas no deseadas", afirmó.

Polito destacó además la mejora en los tiempos de respuesta: "A esta altura del año pasado teníamos un tiempo de respuesta de 7 minutos y 15 segundos. Hoy, en junio de 2026, el tiempo promedio es de 6 minutos y 15 segundos. Haber reducido un minuto la respuesta es sumamente importante porque nos permite llegar más rápido a las urgencias y emergencias".

Por su parte, la subsecretaria de Articulación y Enlace con el Sector Privado, Karina Chumpitaz, valoró el trabajo coordinado con las empresas prestatarias del servicio y remarcó que la nueva regulación permitió establecer procedimientos más eficientes para la validación de alertas antes de su derivación al sistema de emergencias.

Una ley para modernizar el sector

La Ley de Seguridad Privada fue aprobada por la Legislatura santafesina en noviembre de 2025 y reemplazó una regulación vigente desde 1991 que había quedado desactualizada frente al crecimiento y la transformación del sector.

Entre sus principales objetivos, la norma busca ordenar el funcionamiento de las empresas de seguridad privada, transparentar la actividad, combatir la informalidad y establecer reglas claras para la prestación de servicios de monitoreo y vigilancia.

Uno de sus ejes centrales fue precisamente la reducción de las falsas alarmas. Antes de su sanción, desde el Ministerio de Justicia y Seguridad estimaban que las alarmas privadas representaban cerca del 30 % de las intervenciones policiales y que, en la mayoría de los casos, los móviles enviados no encontraban ninguna novedad al llegar al lugar.

Para revertir esa situación, la normativa incorporó nuevos protocolos de actuación para las empresas de monitoreo, exigiendo mecanismos de verificación previos a la derivación de alertas. La medida permitió disminuir activaciones innecesarias, optimizar el patrullaje preventivo y mejorar la articulación entre la seguridad pública y la privada.