El documento aportado a la causa exhibe tasas muy por encima del sistema financiero tradicional, la promesa que atrajo a decenas de socios.
20:35 hs - Sábado 04 de Julio de 2026
La causa por el presunto desfalco millonario en la Mutual Libertad de Nelson avanzó esta semana hacia una nueva etapa judicial, con el pase del expediente a la fiscal Bárbara Ilera y su derivación al Área de Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Pero además de los cambios procesales, la documentación que los propios damnificados presentaron ante la Justicia permite reconstruir con precisión el mecanismo que atrajo a decenas de ahorristas de Nelson y otras localidades del centro-norte santafesino: cuánto ponían y cuánto les aseguraban que iban a cobrar.
Un plazo fijo con promesas que multiplicaban el capital
Entre las pruebas presentadas ante el MPA figura el comprobante de un "Ahorro Personal a Término Peso", el nombre técnico que la mutual le daba a sus plazos fijos, emitido por la Asociación Mutual del Football Club Libertad de Nelson. En las mutuales argentinas, que operan de forma similar a los bancos para sus asociados, este tipo de instrumento es la principal herramienta de ahorro e inversión que se ofrece a quienes se suman como socios.
El documento en cuestión data del 18 de mayo de 2026 y fija un plazo de inmovilización de 183 días, es decir, unos seis meses, con vencimiento pautado para el 17 de noviembre de 2026. Fue justamente en esa fecha cuando el titular del depósito debía poder retirar su dinero junto con las ganancias prometidas.
Las tasas que prometía la mutual
El comprobante al que accedió UNO Santa Fe detalla dos indicadores clave. Por un lado, una Tasa Nominal Anual (T.N.A.) del 85,13%, es decir, el rendimiento teórico que generaría el capital si permaneciera depositado durante un año completo. Por otro, una Tasa Efectiva Mensual (T.E.M.) del 6%, que representa la ganancia real que la entidad aseguraba mes a mes.
Se trata de tasas muy por encima de las que ofrece el sistema financiero tradicional, un dato que —según coinciden los abogados de los damnificados— explicaría en parte por qué tantos ahorristas de la zona decidieron volcar sus ahorros en la mutual.
El caso testigo: de 30 a casi 43 millones de pesos
El expediente permite reconstruir el circuito completo de una de las operaciones. El titular del comprobante entregó $30.040.000 en concepto de capital. De ese monto, se descontaron $30.040 por sellado provincial, un impuesto habitual en la constitución de este tipo de contratos, con lo cual el capital neto que efectivamente comenzaba a generar intereses fue de $30.009.960.
Sobre ese capital, la mutual se comprometía a pagar $12.808.514,91 en concepto de intereses por los 183 días pactados. Sumando capital e intereses, el monto total prometido al vencimiento ascendía a $42.818.474,91, una cifra que coincide con la que trascendió públicamente como una de las denuncias presentadas por un ahorrista de Monte Vera, que reclama más de $42 millones.
El documento incluye además una declaración jurada de origen lícito de los fondos, exigencia habitual para prevenir maniobras de lavado de dinero, y aclara al pie que la garantía de los ahorros era el propio patrimonio de la institución mutual, sin ningún otro respaldo adicional.
Una crisis que se veía venir
Según relató la abogada Antonella Spreggero, representante de uno de los grupos de ahorristas damnificados, los primeros problemas para retirar el dinero comenzaron a advertirse desde fines de marzo, mucho antes de que el caso tomara estado público. Los asociados recibían respuestas cada vez más evasivas y, según los propios representantes de los damnificados, la mutual habría reconocido no contar con liquidez para afrontar las devoluciones, llegando a proponer un esquema de pago en cuotas con asistencia de otras mutuales, propuesta que los ahorristas rechazaron.
Vínculos familiares bajo la lupa
La investigación también apunta al entramado institucional de la mutual. José Leiva, quien presidía la entidad y falleció el 4 de junio, era hermano del presidente comunal de Nelson, Héctor Ramón Leiva, mientras que la tesorera de la mutual se desempeñaba a la vez como secretaria privada del jefe comunal. Hasta el momento no hay imputaciones vinculadas a esos cargos, aunque los damnificados sostienen que esos lazos deberán ser analizados en la causa.
Qué sigue en la causa
Con el expediente ya en manos del Área de Delitos Complejos, se espera que equipos especializados analicen balances, documentación contable y movimientos financieros para reconstruir el destino final de los fondos y determinar responsabilidades penales. Mientras tanto, los ahorristas —entre ellos el titular del plazo fijo que debía cobrar casi $43 millones el 17 de noviembre— siguen sin certezas sobre cuándo, o si, recuperarán su dinero.