En una reunión clave en la Cámara de Diputados, mandatarios y secretarios de Control de toda la provincia plantearon sus dudas sobre la implementación del proyecto. Alertaron que la ley generaría un colapso administrativo en las áreas de control locales y pidieron unificar criterios entre las ciudades.
18:58 hs - Miércoles 06 de Mayo de 2026
El debate en la Cámara de Diputados por la regulación de los "trapitos" o cuidacoches en la provincia de Santa Fe sumó un capítulo fundamental con la voz de quienes deberán, en última instancia, ejecutar la norma en la calle: los municipios.
En un encuentro desarrollado en la Legislatura, intendentes y secretarios de Control de localidades como Santa Fe, Rosario, Reconquista, Rafaela y Villa Gobernador Gálvez expresaron su voluntad de acompañar una ley provincial, pero pusieron reparos técnicos que hoy frenan la aplicabilidad del proyecto que ya tiene media sanción del Senado.
La principal preocupación de los mandatarios locales radica en la capacidad operativa. Los intendentes advirtieron que la ley, al establecer un nuevo marco contravencional, dispararía una cantidad masiva de actas y procesos administrativos que las estructuras municipales actuales no están en condiciones de procesar. Sin un refuerzo en las áreas de control y justicia de faltas, la ley corre el riesgo de convertirse en "letra muerta".
Los tres frentes del conflicto legislativo
Durante la reunión, quedaron expuestos los puntos que la Cámara de Diputados deberá pulir antes de llevar el texto al recinto:
Asimetría normativa: el proyecto exige que los municipios tengan ordenanzas locales vigentes sobre el tema. Sin embargo, muchas localidades santafesinas carecen de este marco legal, lo que generaría un vacío jurídico y una aplicación desigual de la ley según la ciudad.
Potestad municipal: los mandatarios recordaron que la regulación del espacio público es una facultad propia de los municipios. Pidieron que la ley provincial funcione como un "paraguas" de apoyo, pero que respete las autonomías para decidir cómo abordar la actividad en cada distrito.
El factor social: tanto legisladores como funcionarios coincidieron en que no se puede ignorar el trasfondo de pobreza y vulnerabilidad que rodea a la actividad. Por ello, confirmaron que sumarán la visión de la Pastoral Social y organizaciones civiles para evitar que la ley tenga un enfoque puramente punitivo.
Un camino de "extrema responsabilidad"
Desde la Cámara de Diputados señalaron que no habrá soluciones apresuradas. El objetivo de estas rondas de consulta es modificar el texto proveniente del Senado para que sea una herramienta real de convivencia urbana y no solo un endurecimiento de sanciones difícil de ejecutar.
La ronda de consultas continuará en las próximas semanas, buscando un equilibrio que permita mejorar la seguridad en el espacio público sin desatender la crisis social que empuja a miles de santafesinos a la informalidad del cuidado de vehículos.