La Peatonal San Martín volvió a ser escenario de las protestas del sector previsional. Este miércoles se llevó a cabo en la capital santafesina una nueva edición de la tradicional "marcha de los banquitos", una movilización impulsada por una multisectorial de jubilados y pensionados con el objetivo de visibilizar las dificultades económicas y sanitarias que atraviesan los adultos mayores bajo la consigna de “seguir de pie pese a los maltratos y reclamar por la restitución de derechos”.

La columna de manifestantes concentró inicialmente en la explanada del Teatro Municipal para luego marchar por el paseo peatonal hasta las puertas de la sede de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Ansés). Allí, referentes del espacio expusieron un petitorio con reivindicaciones dirigidas tanto a la gestión provincial como al Gobierno nacional.

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Uno de los ejes centrales del reclamo estuvo enfocado en la urgente reglamentación de la Ley de Protección de las Personas Mayores por parte del Ejecutivo santafesino. Los dirigentes Ramón Altamirano y Hugo Flores advirtieron que la puesta en marcha efectiva de esta herramienta legal resulta indispensable para fiscalizar el funcionamiento de las residencias de larga estancia y geriátricos, asegurando condiciones dignas de habitabilidad y cuidado para los adultos mayores en situación de extrema vulnerabilidad.

"Esa ley nos garantizaría estar más protegidos y poder gozar de los derechos que en este momento no tenemos. Pedimos que se nos respete para tener una vejez digna y tranquila", sostuvo Ramón Altamirano, uno de los referentes de la multisectorial de jubilados.

Crisis de haberes y reclamos por la atención en PAMI e IAPOS

Además del marco normativo provincial, la protesta puso el foco en la pérdida de poder adquisitivo y las falencias de la cobertura médica:

Ingresos de subsistencia: los manifestantes expresaron la imposibilidad de cubrir la Canasta Básica del Jubilado frente a los constantes incrementos en alimentos, alquileres y medicamentos.

Prestaciones de PAMI e IAPOS: exigieron la normalización de la entrega de insumos, prótesis y la agilización de turnos médicos con especialistas, denunciando graves demoras tanto en la obra social nacional (PAMI) como en la provincial (IAPOS).

Control a geriátricos: solicitaron auditorías permanentes en las instituciones de alojamiento para evitar abusos y situaciones de desamparo físico o psicológico.