La comunidad universitaria de Santa Fe volvió este martes a las calles en una multitudinaria movilización en defensa de la universidad pública, gratuita y de la ciencia nacional, en el marco de una nueva Marcha Universitaria Federal que se replicó en distintas ciudades del país.

La convocatoria reunió a docentes, estudiantes, investigadores, trabajadores no docentes y autoridades universitarias de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Regional Santa Fe, quienes marcharon desde la zona de Telefe Santa Fe, en la Costanera, hasta el Rectorado de la UNL bajo la consigna: “La universidad no se apaga”.

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La movilización avanzó por Bulevar Pellegrini y tuvo como eje principal el reclamo por la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario, además de la recomposición salarial y mayores recursos para sostener las actividades académicas, científicas y de extensión.

Desde las organizaciones universitarias remarcaron que el sistema educativo superior atraviesa una situación “crítica” producto del ajuste presupuestario impulsado por el Gobierno nacional y recordaron que en las últimas semanas hubo paros docentes, clases públicas, abrazos simbólicos y jornadas de visibilización en universidades de todo el país.

En ese contexto, la rectora de la UNL, Laura Tarabella, señaló que la movilización buscaba “poner nuevamente en valor todo el potencial transformador de la universidad pública argentina”, mientras que el rector nacional de la UTN, Rubén Soro, advirtió sobre la falta de partidas destinadas a infraestructura, investigación y programas universitarios.

“La ruptura del acuerdo democrático”

Pero el momento central de la jornada llegó frente al Rectorado de la UNL, donde las organizaciones universitarias dieron lectura a un documento conjunto cargado de críticas al Gobierno nacional y de advertencias sobre el escenario que atraviesa el sistema universitario y científico argentino.

El texto fue consensuado entre universidades, gremios docentes y no docentes, investigadores y organizaciones estudiantiles en el marco de la Cuarta Marcha Federal Universitaria y apuntó directamente contra el Ejecutivo nacional por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso.

“La universidad pública y el sistema público de investigación, desarrollo e innovación son el fruto de una larga lucha de nuestro pueblo”, señalaron al inicio del documento, donde definieron a la educación superior estatal como una herramienta central para garantizar formación profesional, producción de conocimiento y movilidad social ascendente.

En uno de los tramos más políticos del pronunciamiento, las organizaciones remarcaron que la universidad pública históricamente fue “caja de resonancia” de los reclamos sociales y sostuvieron que hoy la comunidad universitaria también representa demandas vinculadas a jubilaciones, discapacidad, salud, diversidad, industria nacional y recursos naturales.

Financiamiento universitario

Uno de los principales ejes del documento estuvo relacionado con el financiamiento universitario. Allí denunciaron que el Gobierno nacional “incumple la regla democrática y constitucional básica” al no aplicar la ley aprobada por el Congreso y señalaron que esa normativa establece “un piso de recursos” indispensable para garantizar el funcionamiento normal del sistema.

Según expresaron, las transferencias destinadas a las universidades nacionales registraron una caída real acumulada del 45,6 por ciento entre 2023 y 2026, situación que —advirtieron— impacta directamente sobre las actividades académicas, científicas y de extensión.

El documento también puso el foco sobre la situación salarial. Las organizaciones señalaron que la política salarial del Gobierno produjo “un deterioro alarmante del poder adquisitivo” y describieron un escenario atravesado por renuncias de docentes e investigadores, reducción de dedicaciones, pluriempleo y crisis en las obras sociales universitarias.

Inflación acumulada

En ese sentido, precisaron que entre diciembre de 2023 y marzo de 2026 la inflación acumulada fue del 293,30 por ciento, mientras que los salarios universitarios aumentaron apenas un 147,30 por ciento, lo que representa —según calcularon— una pérdida del 37,13 por ciento del poder adquisitivo.

“El deterioro sistemático del poder adquisitivo equivale a la pérdida de aproximadamente 10,9 salarios en el período considerado”, sostuvieron, al tiempo que afirmaron que actualmente los salarios universitarios se encuentran “en su nivel más bajo de los últimos 23 años”.

La situación estudiantil también ocupó un lugar importante dentro del documento. Allí cuestionaron el deterioro de las políticas de becas y denunciaron que programas como las Becas Progresar permanecen congelados frente a la inflación, mientras que las Becas Manuel Belgrano atraviesan un escenario de “incertidumbre y desfinanciamiento”.

Para las organizaciones, el retroceso de esas herramientas “expulsa estudiantes del sistema universitario” y profundiza las desigualdades sociales. Además, remarcaron que las becas vinculadas a vocaciones científicas actualmente se encuentran suspendidas.

Otro de los puntos centrales estuvo relacionado con los gastos de funcionamiento de las universidades. Allí afirmaron que las partidas destinadas al sostenimiento cotidiano de las casas de estudio “no superaron en ningún momento el 64 por ciento del poder adquisitivo que tenían en enero de 2023”.

Sin embargo, el tramo más duro del pronunciamiento apareció hacia el final, cuando las organizaciones denunciaron “la ruptura del acuerdo democrático de división de poderes”.

“El Poder Ejecutivo, en un acto de desprecio institucional sin precedentes, ha decidido alzarse contra los otros dos poderes de la República”, expresaron, en referencia al incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y a los fallos judiciales que ordenan su aplicación.

“Cuando el Gobierno decide qué leyes cumple y qué sentencias acata, lo que se rompe no es solo el presupuesto universitario: es el contrato social que nos mantiene libres y en un Estado de derecho”, afirmaron.

El rol histórico de la universidad pública argentina

El documento también reivindicó el rol histórico de la universidad pública argentina como herramienta de igualdad y desarrollo nacional. En ese sentido, sostuvieron que el sistema universitario y científico resulta estratégico para fortalecer la industria nacional, agregar valor a la producción y generar empleo de calidad.

“La universidad pública argentina somos todas y todos. Es un instrumento de justicia social que produce movilidad social ascendente”, expresaron.

Finalmente, el texto incluyó un pedido directo a la Corte Suprema de Justicia para que intervenga y garantice el cumplimiento de la ley.

“No permitamos que los pilares de nuestras universidades —trabajadores docentes, no docentes, investigadores y estudiantes— sean expulsados del sistema. Si hoy no defendemos a nuestras universidades, el futuro de prosperidad para el país será solo un sueño”, concluyó el documento leído frente a una multitud en el Rectorado de la UNL.