Las principales definiciones del duro documento leído en la marcha Universitaria en Santa Fe

La multitudinaria movilización que este martes recorrió las calles de Santa Fe en defensa de la universidad pública tuvo su punto central frente al Rectorado de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), donde las organizaciones universitarias dieron lectura a un documento conjunto cargado de críticas al Gobierno nacional y de advertencias sobre la situación que atraviesa el sistema educativo superior.

El texto, consensuado por universidades, gremios docentes y no docentes, investigadores y organizaciones estudiantiles en el marco de la Cuarta Marcha Federal Universitaria, sostuvo que el sistema universitario y científico atraviesa una situación “crítica” y apuntó directamente contra el Ejecutivo nacional por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

“La universidad pública y el sistema público de investigación, desarrollo e innovación son el fruto de una larga lucha de nuestro pueblo”, señalaron los organizadores al inicio del documento, donde definieron a la educación superior estatal como una herramienta central para garantizar profesionales calificados, producción de conocimiento y movilidad social ascendente.

Industriales de Santa Fe salieron a respaldar el reclamo universitario en plena marcha federal

En otro de los tramos más políticos del texto, las organizaciones remarcaron que la universidad pública históricamente fue “caja de resonancia” de las demandas sociales y sostuvieron que hoy la comunidad universitaria también representa otros reclamos vinculados a jubilaciones, discapacidad, salud, diversidad, industria nacional y recursos naturales.

Uno de los principales ejes del documento fue el financiamiento. Allí denunciaron que el Gobierno nacional “incumple la regla democrática y constitucional básica” al no aplicar la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso. Según expresaron, esa normativa establece “un piso de recursos” indispensable para garantizar el normal funcionamiento del sistema.

El texto además detalló el impacto económico del ajuste sobre las universidades nacionales. Según indicaron, las transferencias destinadas a las casas de estudio registraron una caída real acumulada del 45,6 por ciento entre 2023 y 2026, una situación que —advirtieron— afecta todas las funciones sustantivas de las universidades.

En relación con los salarios, el documento sostuvo que la política salarial del Gobierno produjo “un deterioro alarmante del poder adquisitivo” y describió un escenario marcado por renuncias de docentes e investigadores, reducción de dedicaciones, pluriempleo y crisis en las obras sociales universitarias.

Las organizaciones precisaron además que entre diciembre de 2023 y marzo de 2026 la inflación acumulada fue del 293,30 por ciento, mientras que los salarios universitarios aumentaron un 147,30 por ciento. Según el documento, esa diferencia implica una pérdida de poder adquisitivo del 37,13 por ciento.

“El deterioro sistemático del poder adquisitivo equivale a la pérdida de aproximadamente 10,9 salarios en el período considerado”, señalaron, al tiempo que afirmaron que actualmente los salarios universitarios se encuentran “en su nivel más bajo de los últimos 23 años”.

El documento también hizo foco en la situación estudiantil y cuestionó el deterioro de las políticas de becas. En ese sentido, denunciaron que programas como las Becas Progresar permanecen congelados frente a la inflación y advirtieron que las Becas Manuel Belgrano atraviesan un escenario de “incertidumbre y desfinanciamiento”.

Para las organizaciones, el retroceso de esas herramientas “expulsa estudiantes del sistema universitario” y profundiza las desigualdades sociales. Además, remarcaron que las becas vinculadas a vocaciones científicas se encuentran suspendidas.

Otro de los puntos centrales del documento estuvo relacionado con los gastos de funcionamiento. Allí afirmaron que las partidas destinadas al sostenimiento cotidiano de las universidades “no superaron en ningún momento el 64 por ciento del poder adquisitivo que tenían en enero de 2023”.

Sin embargo, el tramo más duro del pronunciamiento apareció hacia el final, cuando las organizaciones denunciaron “la ruptura del acuerdo democrático de división de poderes”.

“El Poder Ejecutivo, en un acto de desprecio institucional sin precedentes, ha decidido alzarse contra los otros dos poderes de la República”, expresaron, en referencia al incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y a los fallos judiciales que ordenan su aplicación.

“Cuando el Gobierno decide qué leyes cumple y qué sentencias acata, lo que se rompe no es solo el presupuesto universitario: es el contrato social que nos mantiene libres y en un Estado de derecho”, afirmaron.

El documento también reivindicó el rol histórico de la universidad pública argentina como herramienta de igualdad y desarrollo nacional. En ese sentido, las organizaciones sostuvieron que el sistema universitario y científico es estratégico para fortalecer la industria nacional, agregar valor a la producción y generar empleo de calidad.

“La universidad pública argentina somos todas y todos. Es un instrumento de justicia social que produce movilidad social ascendente”, expresaron.

Finalmente, el texto incluyó un pedido directo a la Corte Suprema de Justicia para que intervenga y garantice el cumplimiento de la ley.

“No permitamos que los pilares de nuestras universidades —trabajadores docentes, nodocentes, investigadores y estudiantes— sean expulsados del sistema. Si hoy no defendemos a nuestras universidades, el futuro de prosperidad para el país será solo un sueño”, concluyó el documento leído frente a una multitud en el Rectorado de la UNL.