Un grupo de abogados llevó a la Justicia a tres psicólogas acusadas de elaborar reportes con patrones repetidos para restringir vínculos familiares. El caso tomó relevancia tras el testimonio de un padre que estuvo más de siete años sin ver a su hija y fue absuelto.
16:45 hs - Viernes 20 de Marzo de 2026
El testimonio de Pablo Barra, un hombre de Rosario que permaneció más de siete años sin contacto con su hija tras una denuncia que finalmente fue desestimada, puso en evidencia una situación que ahora investiga la Justicia penal en Santa Fe. Su caso no solo expone un drama personal, sino que también abrió la puerta a una denuncia más amplia contra tres profesionales de la salud mental.
“Me explotó una bomba cuando supe de la denuncia y que no podía ver más a mi hija. Fueron siete años de calvario, me sentí absolutamente solo”, expresó Barra en una entrevista televisiva, al recordar el inicio del proceso en 2018. El hombre fue absuelto el año pasado, aunque su situación dista de estar resuelta.
Demoras, apelaciones y un proceso que se extendió por años
Según detalló, la causa tuvo avances y retrocesos que prolongaron su situación. “En menos de un año la fiscal había decidido archivar la causa”, explicó, pero luego el expediente se reactivó y se extendió en el tiempo. Incluso después de la absolución, el Ministerio Público de la Acusación apeló el fallo.
“Nadie piensa en los chicos. Es demasiado tiempo. No hay Justicia que alcance para reparar esto”, sostuvo, en referencia al impacto que generan estos procesos en los vínculos familiares.
La denuncia: informes “prearmados” y patrones repetidos
El caso de Barra se suma a otros que motivaron una presentación judicial realizada por un grupo de abogados rosarinos. Entre ellos se encuentran Viviana Cosentino, el exministro de Justicia Juan Lewis, Carina Lurati y José Nanni, quienes denunciaron a tres psicólogas por presunto falso testimonio agravado.
De acuerdo a la acusación, las profesionales habrían utilizado descripciones idénticas en distintos informes psicológicos, lo que sugiere el uso de formularios prearmados. Estos reportes, según indicaron, eran determinantes para que la Justicia dictara restricciones de contacto entre padres e hijos o avanzara en causas penales.
Un dato clave es que, en varios casos, los informes se habrían elaborado sin entrevistar a los progenitores denunciados, lo que agrava las sospechas sobre la metodología utilizada.
Más casos bajo la lupa y críticas judiciales
La situación no sería aislada. Además de los expedientes ya judicializados, los abogados aseguran que analizan al menos otras 15 situaciones con características similares.
Uno de los antecedentes mencionados es el de un hombre denunciado en 2022 y sobreseído en 2025 sin llegar a juicio. En ese caso, el juez Nicolás Foppiani cuestionó con dureza los fundamentos de la investigación y la validez de los informes psicológicos.
La investigación en marcha y el impacto en las familias
La causa contra las psicólogas quedó en manos de la fiscal Guillermina Aiello, quien comenzó a analizar la documentación aportada. Mientras tanto, el foco está puesto en determinar si existió una práctica sistemática que afectó decisiones judiciales sensibles.
En paralelo, los padres que lograron demostrar su inocencia enfrentan otro frente: los tribunales de familia, donde deben iniciar nuevos procesos para intentar reconstruir el vínculo con sus hijos.
Para Barra, el final del proceso penal no implica un cierre. “Lo penal puede terminar, pero después empieza el camino en familia, que también es una lucha”, advirtió.
Su historia, ahora visibilizada, se convirtió en un caso testigo de una problemática que podría tener un alcance mucho mayor.