Abogados denunciaron a tres psicólogas por falsos informes de abuso infantil para desvincular a los padres

Un grupo de abogados de Rosario denunció penalmente a tres psicólogas que, según afirman, elaboraron una serie de informes de abusos infantiles falsos para desvincular a los niños de sus padres. En las presentaciones las profesionales llegaron a usar observaciones textualmente idénticas para distintos pacientes, que sugieren la utilización de “formularios prearmados” para este tipo de situaciones.

En un caso, un hombre perdió el contacto con su hija hace siete años y tres meses y luego resultó absuelto.

La presentación por falso testimonio agravado fue hecha en septiembre del año pasado y está firmada por los abogados Viviana Cosentino, el exministro de Justicia provincial Juan Lewis, la excamarista Carina Lurati, Froilán Ravena, Ramiro Coso, José Nanni, Estela Marelli y Adriana Torchio.

La causa recayó en la fiscal Guillermina Aiello, quien comenzó a relevar cada uno de los datos aportados, según indicaron desde el Ministerio Público de la Acusación.

En el escrito, se solicita que se investigue si las conductas de las psicólogas P. B. A., G. R. S. y N. V. A. se dieron en el marco de una presunta asociación ilícita que tiene por objeto emitir “falsos informes de menores cuyos progenitores hayan realizado denuncias por abuso, a fin de poder sostener falsas acusaciones y evitar de esta manera que el otro progenitor pueda tener contacto con sus hijos”.

Los representantes de los padres denunciados –en algunos casos con causas archivadas y desarchivadas producto de los mencionados informes de las psicólogas– señalaron que, en los procesos iniciados en contra de sus clientes, hallaron “patrones en común que se repiten, donde se advierten numerosas irregularidades tanto en sede penal como en el fuero de Familia, causando un grave perjuicio”.

“Lo más grave es que, en este derrotero procesal, existen personas que estarían lucrando con esta situación, emitiendo informes donde se repiten supuestos indicios de abusos sexuales sin ningún rigor técnico y que se asemejan más a formularios prearmados que a un análisis profundo y serio de cada problema”, sostuvieron.

“Estos informes, que en ocasiones defienden en las declaraciones testimoniales brindadas en juicio o ante la fiscalía, contienen llamativas coincidencias en las conductas descriptas como realizadas por nuestros hijos, que parten en todos los casos del relato de sus madres, sin que antes de comenzar a tratarlos se haya requerido nuestro consentimiento o se nos haya entrevistado para conocernos y escucharnos”.

En ese marco, el abogado penalista José Nanni señaló en el medio RTS que, a partir de un relevamiento propio, detectaron reiteraciones que se replicaban en distintos expedientes.

“Haciendo un relevamiento y conversando con distintos colegas, fuimos encontrando muchas coincidencias –por no decir situaciones idénticas– que se repetían en todos los informes y que eran utilizados para impulsar denuncias penales y las correspondientes demandas civiles para privar a los padres del contacto con sus hijos”, afirmó.

Según explicó, en todos los casos los informes eran elaborados por un mismo grupo de profesionales. “Se iban alternando en la confección de los informes, que establecían que los niños habían contado en esas sesiones individuales los abusos que ellas volcaban en el escrito”, indicó.

Nanni agregó que, al analizar en conjunto los expedientes, detectaron similitudes llamativas en los relatos. “Las situaciones que describían eran iguales, con características comunes en todos los pequeños. Incluso, en algunos casos, decían exactamente lo mismo: determinados juegos sexuales atribuidos a los padres o la misma terminología para referirse a órganos sexuales”, sostuvo.

“Luego de analizar el contexto probatorio completo, fuimos determinando que esos relatos eran efectivamente falsos. Ya relevamos ocho casos que fueron los que presentamos en la denuncia, pero tenemos más de 15 en análisis”, añadió.

El penalista también apuntó a la pertenencia institucional de las profesionales denunciadas. “Pudimos establecer que este grupo de psicólogas pertenecía a una ONG con sede en La Plata, presidida por un exjuez federal, cuyo objetivo declarado era brindar contención psicológica y legal a víctimas de violencia de género o abuso sexual. Sin embargo, entendemos que ocurría lo contrario”, afirmó.

En cámara Gesell los niños no declaraban lo que afirmaban las psicólogas

Otro de los puntos que remarcó fue la falta de correlato entre esos informes y otras instancias de evaluación. “Lo que tildamos de falso es el relato de los niños volcado en los informes. Cuando los chicos eran llevados a cámara Gesell o entrevistados por profesionales del Poder Judicial o del Ministerio Público de la Acusación, advertíamos que parecían personas totalmente distintas”, explicó.

“En esos ámbitos, los niños relataban episodios diferentes o no presentaban los patrones de conducta que describían las psicólogas. Tampoco mostraban problemas de sociabilización o educativos. Ahí es donde empezamos a notar que lo que se consignaba en los informes no tenía ningún tipo de correlato con el resto de la evidencia”, concluyó.

“En todos los casos, los tratamientos comienzan, según surge de los propios informes, y del relato que en algunos casos efectuaron las profesionales en las declaraciones testimoniales antes mencionadas, desde un supuesto abuso sexual ya denunciado previamente, y es esta la única hipótesis con la que se trabaja, en tanto no se advierte en ninguno de los informes que se hayan considerado otras posibles causas generadoras de las conductas o reacciones que se afirma advierten en los niños, tales como irritabilidad, temores, pesadillas, retraimiento. No se profundiza, como señalamos, en declaraciones o entrevistas de docentes, directivos de establecimientos escolares o pediatras, ni se indaga en situaciones de contexto”, ampliaron.

Los representantes de los denunciados sostuvieron que “todo siempre se reduce al supuesto abuso y a las supuestas expresiones” que los nenes hacen “durante la técnica que denominan como «La hora del juego», que no registran en soporte de audio y video, lo que impide cualquier posibilidad de poder conocer la veracidad de los dichos que se atribuyen a los niños y mucho menos la manera en que tal supuesta información es obtenida”.

En otra parte de la presentación de los abogados se insertan informes elevados por las tres psicólogas en distintos casos de abuso sexual infantil y curiosamente, guardan coincidencia respecto a las observaciones que ellas dejan sentadas por escrito sobre el menor.

“Las coincidencias son tantas, incluso con frases textuales en un informe y otro, que si se suprimieran los nombres de los niños podría pensarse que se trata de informes referidos a un único paciente”, concluyeron.

Los denunciantes apuntaron que, a pesar de lo sugerido por esas psicólogas, sus hijos no dijeron en cámara Gesell “una sola conducta de nuestra parte que implicara un menoscabo a su integridad sexual”.

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Algunos casos denunciados por los abogados

A la hora de relatar las historias de los padres que requirieron a través de sus abogados una investigación respecto de las profesionales intervinientes, se comenzó por dar cuenta del caso de Pablo B., denunciado en junio de 2018. La causa se archivó en febrero de 2020, pero tras un informe de la psicóloga P. B. se desarchivó y posteriormente el legajo llegó a juicio, donde el hombre fue absuelto.

En todos los casos, según indicaron los abogados de los denunciados, a pesar de tener resoluciones judiciales favorables en el fuero penal, continúa la pérdida de contacto con los hijos porque en paralelo hay actuaciones en los juzgados de Familia.

Por su parte, Mario L. fue denunciado en febrero de 2022, algo que fue desestimado en septiembre de ese año. No obstante, en mayo de 2024 se revocó la medida, se reabrió la causa y se realizó la Cámara Gesell. El 2 de enero de 2025 fue imputado, pero dos semanas después fue sobreseído por un fallo de primera y luego de segunda instancia, donde se hicieron críticas a las actuaciones.

A Javier J. lo denunciaron en agosto de 2021. En junio de 2022, la fiscal desestimó la denuncia, pero desde la Fiscalía General se revocó la resolución en noviembre de 2022 para el desarrollo de nuevas medidas. En octubre de 2023 se hizo la Cámara Gesell a la hija. En junio de 2024 se vuelve a desestimar la acusación, situación que fue confirmada por las altas autoridades del Ministerio Público de la Acusación en octubre de 2024 y abril de 2025.

A Gerardo V. lo denunciaron en diciembre de 2020. Nueve meses después se hizo la Cámara Gesell con su hija. En octubre de 2021, la fiscal desestimó la causa, pero su par regional revocó la medida. En abril de 2024 volvió a ser archivada, situación que recién quedó firme en marzo de 2025.

Román V. fue denunciado en noviembre de 2021 y la niña hizo la Cámara Gesell en marzo de 2023. El caso fue archivado en mayo de 2023, pero se reabrió por criterios del fiscal regional de Rosario. Actualmente, se encuentra en trámite.

Una situación parecida tiene Sebastián L. P., quien comenzó con el derrotero judicial en agosto de 2023. Cuatro meses después, su hijo realizó la Cámara Gesell. En abril de 2025 el fiscal desestimó las actuaciones y ahora el legajo está en revisión del fiscal regional.

Mariano D. fue denunciado en enero de 2019. En octubre de 2021, la causa fue archivada, cuestión que quedó firme por el fiscal regional en diciembre de 2021 y por la fiscal general en mayo de 2022. No obstante, está desvinculado de su hijo hace seis años y nueve meses.