El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, asistirá este martes a una reunión de la Comisión de Asuntos Penales del Congreso de la Nación para avanzar en el debate de un proyecto que busca modificar la distribución de competencias entre la Justicia federal y las provincias en materia de microtráfico de drogas.

El funcionario explicó que Santa Fe considera estratégica la modificación del actual esquema para poder avanzar con mayor eficacia contra las bandas criminales vinculadas a la venta territorial de estupefacientes y, de esa manera, atacar uno de los factores asociados a la violencia y los homicidios.

Santa Fe propone ampliar el concepto de microtráfico

Cococcioni cuestionó el criterio establecido actualmente por la legislación nacional, que vincula el microtráfico principalmente con la droga fraccionada directamente para su comercialización y consumo. Según explicó, ese criterio genera dificultades en la práctica porque deja zonas grises respecto de quién debe investigar determinados casos. "Si es una bolsita es microtráfico, si es un cascotito ya es federal", ejemplificó el ministro durante la entrevista a LT10.

Para Santa Fe, esa situación puede provocar que investigaciones contra estructuras criminales se fragmenten o pasen al fuero federal, incluso cuando se trata de organizaciones que operan principalmente en el territorio provincial.

"Los casos intermedios que no tienen esa gravedad, pero tampoco implican un microtráfico en una interpretación estricta actual, quedan como en un limbo que no se sabe quién los persigue", sostuvo Cococcioni.

El cambio que propone la provincia

La propuesta santafesina plantea modificar el criterio actual y establecer una regla más amplia: que las provincias puedan investigar y perseguir penalmente los mercados locales de estupefacientes, salvo cuando exista un interés federal concreto.

En ese sentido, el ministro señaló que quedarían bajo competencia federal aquellas situaciones relacionadas, por ejemplo, con tráfico internacional, delitos interjurisdiccionales, utilización de vías aéreas o navegables, fronteras internacionales o estructuras alcanzadas por la ley antimafia.

También se contempla que el Ministerio Público Fiscal de la Nación y las fiscalías provinciales puedan acordar, en determinados casos, qué jurisdicción resulta más adecuada para llevar adelante la investigación.

"Lo que proponemos nosotros es dar más flexibilidad para que Fiscalía Federal con provincial se pongan de acuerdo en qué causas son estratégicas para el interés federal", explicó.

"La droga está ligada a la violencia"

Para Cococcioni, el debate excede la discusión sobre quién tiene competencia judicial. El objetivo central es contar con una herramienta que permita avanzar contra las bandas que manejan la venta territorial de drogas y que, en muchos casos, están relacionadas con disputas violentas.

"No estamos hablando de narcotráfico a gran escala internacional. Estamos hablando de venta en el territorio ligada a bandas criminales que después se disputan a los tiros una esquina para vender, un búnker, una familia contra otra", afirmó.

El ministro remarcó que para Santa Fe la posibilidad de investigar este tipo de delitos constituye una herramienta central para continuar con la reducción de los homicidios y otros delitos asociados a la violencia criminal.

"Donde hay tráfico de drogas, sea el paquete más chico o el paquete más grande, en Santa Fe la droga está ligada a la violencia", sostuvo.

Una competencia que las provincias podrían adoptar

Uno de los puntos centrales del proyecto es que la modificación no sería obligatoria para todas las provincias. Cococcioni explicó que cada jurisdicción podría decidir si adhiere al nuevo esquema. De esa manera, una provincia que considere que no cuenta con la estructura necesaria para asumir mayores competencias podría mantener el sistema actual y dejar las investigaciones en manos de la Justicia federal.

El ministro mencionó como ejemplo a Córdoba, donde ya existe una fuerza policial especializada en la lucha contra el narcotráfico. "Esto sería opción de cada provincia", aclaró.

En el caso de Santa Fe, Cococcioni sostuvo que la provincia cuenta con una estructura judicial que permitiría asumir esta tarea. Destacó especialmente la experiencia acumulada con el sistema acusatorio provincial y la cantidad de fiscales que integran el Ministerio Público de la Acusación (MPA).

"Nosotros tenemos un sistema acusatorio mucho más asentado", señaló, y agregó que Santa Fe cuenta con alrededor de 200 fiscales provinciales.

El objetivo: evitar los "vacíos de impunidad"

Otro de los cuestionamientos planteados por el ministro es que actualmente pueden producirse situaciones en las que una causa termina pasando de una jurisdicción a otra sin que ninguna avance de manera efectiva.

Según Cococcioni, aunque fiscales provinciales y federales puedan coincidir sobre quién debería investigar un caso, actualmente un juez puede declarar la incompetencia y remitir las actuaciones al fuero federal, generando demoras y fragmentaciones.

"Se dan esos vacíos de impunidad. Una causa parece que no la toma ni uno ni lo otro", afirmó.

La propuesta busca que exista mayor coordinación entre ambas jurisdicciones para definir quién debe llevar adelante cada investigación y evitar que los procedimientos queden paralizados.

"Necesitamos herramientas distintas"

Cococcioni también rechazó la idea de que una mayor competencia provincial pueda simplemente trasladar el problema del narcotráfico de una provincia a otra. "Nosotros hoy tenemos un problema en ciertos enclaves ligados al comercio minorista o territorial de estupefacientes. Otras provincias pueden tener otros problemas ligados o no a este fenómeno", explicó.

El ministro remarcó que Santa Fe tiene una problemática particular vinculada al narcotráfico y la violencia criminal y que, pese a la fuerte caída de los homicidios registrada en los últimos años, la provincia todavía se encuentra por encima de la media nacional.

"Tenemos la cantidad de homicidios a un tercio de lo que había hace tres años, pero de todas maneras, habiendo bajado dos tercios, todavía estamos por encima de la media nacional", afirmó.

Por eso, desde el gobierno provincial consideran que ampliar las herramientas para investigar el narcomenudeo y las organizaciones criminales que operan en los barrios es una pieza clave de la política de seguridad.

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