Pablo Cococcioni pidió garantizar el debido proceso para los policías imputados por la muerte de Mauro González

El ministro de Seguridad de Santa Fe sostuvo que el Gobierno respetará la investigación judicial, pero remarcó que los agentes acusados también tienen derecho a una defensa adecuada

10:58 hs - Miércoles 08 de Julio de 2026

El ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, se pronunció sobre la causa que investiga la muerte de Mauro Daniel González, ocurrida en enero en la Comisaría Octava de la ciudad de Santa Fe, y sostuvo que el Gobierno provincial respetará el avance de la investigación judicial, aunque insistió en la necesidad de garantizar el debido proceso y el derecho de defensa de los policías imputados.

Las declaraciones del funcionario se conocen luego de la audiencia judicial en la que se debatió la situación procesal de los seis efectivos acusados por el caso, una investigación que lleva adelante el Ministerio Público de la Acusación (MPA).

"Vamos a respetar la investigación"

Cococcioni aseguró que el Poder Ejecutivo no intervendrá en el desarrollo de la causa y que colaborará con la Justicia en todo lo que sea requerido. "Vamos a respetar la investigación, no vamos a interferir, vamos a colaborar en todo lo que nos pidan", expresó.

No obstante, aclaró que hasta el momento el Ministerio de Seguridad no tuvo una participación activa en la pesquisa. "No nos han pedido mucho porque ha investigado el fiscal solo, por lo menos sin nosotros", indicó.

La defensa de los policías imputados

El ministro sostuvo que en los procesos judiciales que involucran a integrantes de las fuerzas de seguridad suele producirse una fuerte exposición pública en la etapa inicial, aunque en muchos casos el desenlace judicial termina siendo diferente.

"Uno puede ver a lo largo de los años cuántos casos ha habido de funcionarios policiales que resultan imputados, se los detiene de manera muy escandalosa, es exhibido el caso, queda paralizada su carrera, con enormes perjuicios personales y familiares que rara vez tienen una reparación adecuada. Seis, siete, ocho años después salen todos absueltos", afirmó.

En ese sentido, advirtió sobre las consecuencias que atraviesan muchos efectivos durante el proceso judicial.

"Ya no nos acordamos ni de quién estaba de ministro, de gobernador, quién era el fiscal o qué pasó. Algunos de los imputados ya se murieron en el camino, otros están con alguna enfermedad. A veces la espectacularidad del momento imputativo inicial no se corresponde con lo que realmente después puede probarse en juicio", sostuvo.

"El policía también es una persona"

Cococcioni remarcó que el Gobierno provincial no pretende influir sobre la investigación, sino que busca que se respeten las garantías constitucionales de los acusados. "Queremos garantizar que se respete el debido proceso", manifestó.

Además, enfatizó que los integrantes de la fuerza policial poseen los mismos derechos que cualquier ciudadano. "Hay una cuestión que parece casi una obviedad tener que aclararla: el policía también es una persona y tiene los mismos derechos humanos y los mismos derechos como ciudadano que usted, que sus compañeros y que todos nosotros. Tiene derecho a contar con los medios adecuados para defenderse", señaló.

Para el ministro, una defensa técnica sólida también fortalece el funcionamiento del sistema judicial. "Una defensa adecuada es la mejor forma de controlar la actividad de la Fiscalía", concluyó.

La causa por la muerte de Mauro Daniel González

La investigación judicial se inició tras la muerte de Mauro Daniel González, de 35 años, quien había sido trasladado por personal policial durante una crisis vinculada al consumo de sustancias y falleció horas después mientras permanecía alojado en un calabozo de la Comisaría Octava de Santa Fe.

En la causa, la Fiscalía imputó a efectivos del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional I por el delito de tortura seguida de muerte, mientras que un integrante del Cuerpo Guardia de Infantería fue acusado por el delito de vejaciones.

La investigación continúa en trámite y será la Justicia la encargada de determinar las responsabilidades penales de cada uno de los imputados.

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