La decisión del Gobierno nacional de eliminar la compensación económica que recibían las empresas de transporte de larga distancia por trasladar gratuitamente a personas con discapacidad, pacientes oncológicos y personas trasplantadas generó fuerte preocupación en organizaciones y referentes del sector, que advierten un empeoramiento en el acceso a tratamientos y estudios médicos fuera de sus ciudades.

La medida quedó establecida en la resolución 28/2026 del Ministerio de Economía y, aunque formalmente las empresas continúan obligadas a otorgar los pasajes gratuitos, desde distintos sectores aseguran que la quita de subsidios hará todavía más difícil acceder a esos viajes.

“Ya antes de esta quita era muy dificultoso conseguir un pasaje, obtenerlo en fecha o encontrar cupo disponible”, explicó Valeria Sordo.

Según detalló, las complicaciones alcanzaban incluso a situaciones en las que las personas necesitaban viajar para realizar tratamientos, interconsultas o estudios médicos de alta complejidad.

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Además, sostuvo que muchas veces ni siquiera se reconocía el derecho del acompañante. “En algunos casos se otorgaba el pasaje para la persona, pero no para quien debía asistirla”, indicó.

Sordo remarcó que el impacto será “indirecto pero muy negativo” para las personas con discapacidad, pacientes oncológicos y personas trasplantadas.

También señaló incertidumbre respecto de la capacidad de control del Estado tras la desregulación del sistema de transporte de larga distancia.

“El Gobierno sostiene que las empresas están ganando más dinero porque pueden elegir recorridos, tarifas y modalidades de servicio, y por eso considera que ya no necesitan esta compensación”, explicó en declaraciones a Telefé Santa Fe.

Sin embargo, cuestionó qué capacidad real tendrá ahora la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) para aplicar sanciones ante incumplimientos.

Por su parte, Mariela Peña, integrante de organizaciones vinculadas al sector de discapacidad, calificó la resolución como “supertramposa” y apuntó contra el traslado de responsabilidades hacia el sector privado.

“El Gobierno dice: ‘yo no lo pago más, pero para las empresas sigue siendo obligatorio entregarlo’. Es decir, le exige al privado que sostenga una política pública”, sostuvo en una entrevista a LT10.

Peña advirtió que el sistema de transporte atraviesa una crisis por el aumento de costos y la desregulación tarifaria, y consideró que la eliminación de la compensación puede derivar en un colapso del sistema.

“Es contradictorio que un gobierno que habla de libertad de mercado ahora obligue a las empresas a sostener una política pública que el propio Estado abandona”, cuestionó.

La referente también explicó que el trámite para solicitar pasajes no se realiza en boleterías sino a través de la página de la CNRT y aseguró que ya comenzaron a registrarse faltantes de cupos, especialmente hacia Buenos Aires, donde se concentran los centros médicos de mayor complejidad.

“Desde ayer estoy chequeando y no hay lugares para viajar a Buenos Aires”, afirmó.

En paralelo, organizaciones sociales y legisladores nacionales comenzaron a impulsar acciones para intentar revertir la medida. Según indicó Peña, el diputado nacional Diego Giuliano presentó un pedido de resolución para dejar sin efecto la decisión del Ejecutivo nacional.

Además, anticipó que volverán a judicializar la medida, tal como ocurrió con otras políticas vinculadas al sector.

Durante la entrevista, Peña vinculó la eliminación de subsidios al transporte con otros recortes que afectan al área de discapacidad y salud pública.

“Primero se desfinanció la salud pública nacional, después se desreguló el transporte y, al mismo tiempo, se quebró el sistema de prestaciones y transportes locales”, señaló.

Y agregó: “No tenemos pasajes de larga distancia, no tenemos transporte local para llegar a las terapias y los hospitales siguen en crisis. Todo esto configura políticas regresivas que vulneran derechos”.

Finalmente, alertó sobre el impacto económico que afrontan las familias. “Un viaje a Buenos Aires cuesta entre 40.000 y 50.000 pesos por persona, más el acompañante. Y una pensión no contributiva no supera los 300.000 pesos. Verdaderamente es crítico”, concluyó.