El diputado provincial Fabián Palo Oliver (FAS) presentó un proyecto en la Cámara de Diputados. Advirtió que la contratista realizó avisos verbales de demolición y reclamó frenar los desalojos informales.
11:19 hs - Jueves 01 de Octubre de 2026
La construcción de la nueva Estación Policial en el sector sur del Parque Federal avanza a paso firme, al mismo tiempo que genera preocupación en un grupo de familias de la zona que habitan terrenos e inmuebles ferroviarios desde hace más de 35 años.
Ante esta situación, el diputado provincial Fabián Palo Oliver, integrante del Frente Amplio por la Soberanía (FAS), presentó un proyecto de Comunicación en la Legislatura santafesina para solicitar al Poder Ejecutivo que implemente una solución habitacional permanente para las personas que podrían perder sus viviendas.
Incertidumbre de las familias
De acuerdo a la iniciativa, el desarrollo de la infraestructura pública afectaría de manera directa a cerca de 50 personas. Muchas de ellas habitan el predio desde hace décadas, cuentan con facturas de servicios públicos a su nombre y disponen de documentación que acredita su permanencia histórica en el lugar.
Palo Oliver cuestionó que las familias hayan recibido avisos informales de desalojo y demolición por parte de la empresa contratista privada, sin que se hayan articulado notificaciones formales ni un relevamiento social previo por parte de los organismos públicos competentes.
"No podemos permitir que la concreción de un proyecto público se haga a costa de la seguridad habitacional de familias que llevan décadas en el lugar. El Estado debe garantizar procesos transparentes, diálogo y alternativas que preserven los derechos de las personas", sostuvo Fabián Palo Oliver, diputado provincial del Frente Amplio por la Soberanía (FAS).
Reclamos a la Legislatura e intervención de la Defensoría del Pueblo
El proyecto presentado por el legislador opositor detalla los puntos centrales que el Gobierno de Santa Fe deberá responder y ejecutar antes de avanzar con los trabajos en el predio:
Información y expediente administrativo: solicita que el Ejecutivo remita a la Cámara de Diputados el estado del expediente, el cronograma de ejecución y el plan integral previstos para la relocalización.
Mesa de diálogo institucional: propone crear una instancia formal de negociación que reúna a los Ministerios del Estado provincial, la empresa contratista, los vecinos involucrados y la Defensoría del Pueblo para consensuar alternativas habitacionales.
Garantías contra desalojos informales: exige evitar que la gestión de la relocalización quede delegada en la firma privada adjudicataria de la obra, garantizando el cumplimiento estricto de los procedimientos administrativos y judiciales.
Derecho al hábitat: resalta que la concreción de una obra pública orientada a la seguridad no debe vulnerar los derechos de familias consolidadas en el tejido urbano santafesino.