La movilización partió desde la explanada de El Molino Fábrica Cultural. Denuncian demoras de 120 días en los pagos de las obras sociales, recortes económicos y el riesgo del cierre de instituciones.
Jueves 29 de Mayo de 2025
Este jueves a las 18:30, familias, profesionales y organizaciones vinculadas a la atención de personas con discapacidad marcharon en la ciudad de Santa Fe bajo la consigna “Una luz por la discapacidad”. La movilización concentró más de 500 personas en El Molino Fábrica Cultural (Bulevar Gálvez y Rivadavia) y desde allí se movilizaron hacia el Puente Colgante.
Los asistentes llevaron linternas, antorchas y otras fuentes de luz como símbolo de visibilización. La protesta se enmarcó en una situación crítica que afecta a todo el país: los prestadores denuncian demoras de entre 60 y 120 días en los pagos por parte de las obras sociales, recortes en las sesiones autorizadas y un congelamiento del nomenclador nacional desde 2024, con aumentos ínfimos que no superan el 1%.
Aseguran que muchos servicios están en riesgo de discontinuarse y que hay instituciones que podrían cerrar, dejando sin atención a personas con discapacidad de todas las edades.
Fuerte reclamo a Iapos en Santa Fe
La movilización se llevó a cabo en marco de un paro que organizó el sector a nivel nacional, desde el lunes y hasta este jueves 30 de mayo, con distintas modalidades de protesta. En Santa Fe, los profesionales advirtieron sobre la crítica situación de Iapos, la obra social provincial, a la que acusaron de pagar con más demoras aún y de ofrecer los aranceles más bajos del sistema.
Algunos prestadores recién están cobrando lo trabajado en febrero y otros ni siquiera recibieron el pago de enero. Profesionales de la salud afectados por esta situación aseguraron que el panorama es insostenible.
“Trabajamos sin saber si vamos a cobrar. Los aranceles no cubren los costos básicos y muchos colegas no pueden sostener la actividad. Las personas con discapacidad están perdiendo derechos esenciales”, afirmó. También reclamó al Estado que controle el destino de los fondos transferidos a las obras sociales y que se apruebe una ley de emergencia para el sector.