"Ya no podemos sostener los servicios": alerta por el futuro de cientos de personas con discapacidad en Santa Fe

La crisis económica y los recortes presupuestarios están golpeando con fuerza a uno de los sectores más vulnerables: las personas con discapacidad. En Santa Fe, la situación es límite. Instituciones al borde del cierre, prestaciones desactualizadas y demoras en los pagos configuran un escenario que llevó a la organización UENDISFE —que nuclea a familiares, personas con discapacidad y entidades del sector— a convocar una movilización este miércoles 30 de abril a las 10 de la mañana en la Plaza 25 de Mayo, frente a Casa de Gobierno.

"Estamos en una situación de cierre inminente de muchas instituciones. No hay respuestas, no hay voluntad política. Y lo peor es la forma en que se están vulnerando los derechos de las personas con discapacidad", denunció Gabriela Ortolochipi, presidenta de la Unión de entidades de y para personas con discapacidad de Santa Fe, en el programa "Mañana UNO" por UNO 106.3 FM.

Un proyecto de ley que busca frenar el derrumbe

El reclamo principal de la protesta es que el Congreso trate y apruebe un proyecto de ley presentado por el diputado nacional Daniel Arroyo, que propone declarar la emergencia nacional en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027.

Según Ortolochipi, la iniciativa busca actualizar los aranceles de las prestaciones de acuerdo al costo de vida, establecer mecanismos extraordinarios de compensación económica, y aliviar las cargas sociales de las instituciones, que hoy afrontan las mismas exigencias fiscales que cualquier empresa comercial.

“Las instituciones están cobrando apenas el 45% de lo que cuesta una prestación. Es insostenible. Hay un marco básico que fija cómo deben funcionar, con qué cantidad de personal, y bajo convenios colectivos. No se puede seguir con esta lógica del recorte sin entender la realidad del sector", agregó la dirigente.

"Nos tratan como un gasto"

Para Ortolochipi, lo más preocupante no es solo lo económico, sino el cambio en el enfoque del Estado. “Sienten que somos un gasto. Se ha retrocedido en derechos, en visión, en sensibilidad. Yo trabajo hace más de 30 años en esto, y sinceramente siento que estamos peor que hace 60”, lamentó.

Otro de los focos de conflicto es el envío masivo de cartas documento a personas con pensiones no contributivas por invalidez laboral, exigiendo que se presenten a certificar nuevamente su discapacidad.

"Está bien que se controle, pero las formas son brutales. Hay personas que hace años no ven a su especialista, no tienen historia clínica actualizada, no tienen obra social y deben recurrir al sistema público, que no da abasto. A veces ni siquiera reciben la carta porque viven en situaciones de mucha vulnerabilidad", explicó Ortolochipi.

IAPOS y la situación provincial

Consultada por la situación del IAPOS, la obra social estatal de Santa Fe, reconoció algunos avances en la actualización de aranceles, pero también señaló problemas graves con la demora en los pagos.

"Se logró acordar una diferencia a cargo del Ministerio de Economía, pero se cobra aparte y con demoras. Además, IAPOS no acorta los plazos de pago. Eso, en este contexto crítico, ahoga aún más a las instituciones", dijo.

Un pedido urgente al gobernador

La convocatoria de este miércoles incluirá la entrega de una nota al gobernador de Santa Fe para que interceda ante las autoridades nacionales. “Estamos hablando de cientos de personas que pueden quedarse sin servicios, sin espacios de rehabilitación o incluso sin hogar, en el caso de los que viven en instituciones residenciales. Es gravísimo", advirtió.