Javier Milei ordenó dar de baja todos los contratos de mantenimiento de rutas

Mientras espera la firma del decreto de Javier Milei para despedir a 1.600 personas y reducir un 30% el plantel operativo, el titular de Vialidad Nacional (VN), Marcelo Campoy, tomó una medida de ajuste que encamina a paralizar por completo el funcionamiento del organismo en las rutas.

La administración libertaria justificó la decisión de suprimir las obras y trabajos de mantenimiento que venían ejecutando las contratistas privadas, en las "restricciones presupuestarias significativas" que tendrá que afrontar la repartición durante este año.

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Peajes en rutas nacionales

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La orden impartida por Campoy puntualiza que resulta necesario "arbitrar los medios para proceder al cierre de los contratos de obra pública bajo cualquier sistema de gestión, ya sea que se encuentren en las rutas a privatizar, como así también aquellos que hayan sido celebrados para obras fuera de la Red Vial Concesionada".

Según la circular, se deberán anular no solo los contratos de reparación y construcción de carriles sino también todos los servicios como el mantenimiento de la iluminación en cruces, de las banquinas o cortar el pasto. Esto pone a los funcionarios a tiro de demandas penales por posibles accidentes y víctimas fatales.

"Resulta necesario arbitrar los medios para proceder al cierre de los contratos de obra pública bajo cualquier Sistema de Gestión", señala el escrito y hace una recomendación de proceso administrativo para evitar juicios.

"A los efectos de hacer más efectivo y eficiente el sistema de obras públicas, evitando litigios administrativos y judiciales, se deberán impulsar las distintas tramitaciones por terminación de obra, limitación y/o rescisión de mutuo acuerdo", agrega la circular y le pide a los gerentes que se rijan por el Proceso Nº 24 de Vialidad Nacional, el reglamento y flujograma que rige a la dependencia.

El funcionario de Javier Milei en Vialidad Nacional ordenó dar de baja todos los contratos

El funcionario que responde al ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, ordenó dar de baja todos los contratos cualquiera sea la modalidad, ya sea “por terminación de obra, limitación y/o rescisión de mutuo acuerdo”.

“Ante la situación económica financiera actual, se hace necesaria la finalización y cierre de las obras en las cuales se torna inviable su ejecución por las razones expuestas”, admitió el titular de Vialidad Nacional, Marcelo Campoy, en la nota que le envió el viernes a todas las gerencias de la repartición y a la que accedió en exclusiva el medio digital LaPoliticaOnline.

Según la circular, se deberán anular no solo los contratos de reparación y construcción de carriles sino también todos los servicios como el mantenimiento de la iluminación en cruces, de las banquinas o cortar el pasto. Esto pone a los funcionarios a tiro de demandas penales por posibles accidentes y víctimas fatales.

“Resulta necesario arbitrar los medios para proceder al cierre de los contratos de obra pública bajo cualquier Sistema de Gestión”, señala el escrito y hace una recomendación de proceso administrativo para evitar juicios.

“A los efectos de hacer más efectivo y eficiente el sistema de obras públicas, evitando litigios administrativos y judiciales, se deberán impulsar las distintas tramitaciones por terminación de obra, limitación y/o rescisión de mutuo acuerdo”, agrega la circular y le pide a los gerentes que se rijan por el Proceso Nº 24 de Vialidad Nacional, el reglamento y flujograma que rige a la dependencia.

“Cortan todos los contratos de obras y significa dejar abandonadas todas las rutas", dijo un funcionario de Santa Fe

“La nota en la que informan a toda Vialidad que cortan todos los contratos de obras de todo tipo significa dejar abandonadas todas las rutas. La orden a todos los gerentes es el de cortar con toda modalidad, rescindiendo, achicando, ajustando, o sea, dejar a las rutas sin mantenimiento”, advirtió al mencionado medio un alto funcionario de Santa Fe preocupado por la situación.

La provincia por donde se exporta el grueso de la cosecha argentina, tiene sus accesos a los puertos detonadas. Con un agravante: el gobierno de Milei no los repara, pero tampoco los cede a la provincia para que afronte las obras con sus propios recursos. Esto se repite en varias provincias. "No quieren ceder las rutas porque están atrás del negocio de las concesiones”, explicó a LPO un ministro de una de las provincias afectadas.

El Gran Rosario concentra uno de los polos portuarios más importantes del mundo por donde se despacha el 80% de las exportaciones agroindustriales. Las rutas nacionales que conectan con los puertos están detonadas y Maximiliano Pullaro le pidió a Caputo en varias ocasiones que le transfiera los carriles pero el ministro de Economía se negó.

El gobierno libertario después de casi un año y medio de no hacer nada, anunció que entregaría todos los caminos a concesiones privadas, pero las licitaciones se siguen demorando. De hecho, Marcelo Campoy asumió al frente del organismo a mediados del año pasado, tras la salida del cordobés Raúl Bertola con terminales en Schiaretti y Diego Santilli.

Cuando Bertola se dio cuenta que el gobierno no tenía un plan claro para Vialidad, presentó la renuncia y asumió Campoy, quien no se privó de hacer política.

Uno de sus anuncios fue “un plan de acción para avanzar con dos anheladas obras viales: el segundo puente Santo Tomé - Santa Fe y la Autovía A012 en la circunvalación de Rosario”. El puente lo terminó impulsando Pullaro con fondos provinciales y la A012 nunca arrancó.

Nunca quedó claro las causas por las cual Bertola dejó el cargo, pero según fuentes del organismo, estaba incómodo con los contratos de servicios que en ese momento se firmaron a mansalva apenas había asumido Milei y las gerencias se iban llenando con militantes libertarios.

Cuando Bertola se dio cuenta que el gobierno no tenía un plan claro para Vialidad, presentó la renuncia y asumió Campoy que ya había estado durante el menemismo cuando se dieron en concesión las principales rutas y no había ningún control. Los contratos terminaron en causas judiciales y en grandes escándalos por corrupción, con rutas destruidas, pero cada una de ellas con casillas cobrando peajes.