Senado: el Frente de Todos dividió el bloque para ganar el puesto en la Magistratura

En una jugada para quedarse con el representante del Senado en el Consejo de la Magistratura, el Frente de Todos se dividió en dos bancadas. Un sector de 21 senadores estará encabezado por José Mayans y otro, de 14, por la cristinista Juliana Di Tullio, bajo el nombre de Unidad Ciudadana.

El oficialismo busca convertir a uno de los bloques en “segunda minoría”, y quitarle así la posibilidad al PRO de llevarse el representante para el organismo encargado de elegir y sancionar a los jueces, confirmaron fuentes del oficialismo en la Cámara alta.

Dentro del Frente de todos, el bloque comandado por José Mayans estará integrado por los senadores más vinculados con los gobernadores provinciales. El bloque Unidad Ciudadana estará conformado por Carlos Linares, Mariano Recalde, Anabel Fernández Sagasti, Oscar Parrilli, Silvia Sapag y Silvina García Larraburu, entre otros. Se trata de los senadores más leales a la vicepresidenta Cristina Kirchner.

La Corte Suprema declaró inconstitucional la Ley del 2006 que había reducido el número de miembros del Consejo de la Magistratura de 20 a 13 y ordenó restituir la norma previa. De acuerdo a la ley anterior a la del 2006, “los presidentes de la Cámara de Senadores y de Diputados, designarán cuatro legisladores por cada una de ellas, correspondiendo dos al bloque con mayor representación legislativa, uno por la primera minoría y uno por la segunda minoría”.

En Juntos por el Cambio señalaban que la ley habla de “bloques”, no de interbloques. Hasta ahora, en el Senado el principal bloque era el del Frente de Todos con 35 miembros. La UCR tiene 18, y quedaba como “primera minoría” y el PRO tiene 9, por lo que quedaba como “segunda minoría”.

Tras la transformación del Frente de Todos en un interbloque de dos bloques, la “segunda minoría” pasaría a ser el bloque cristinista de Unidad Ciudadana, con 14 miembros. En otras palabras, el oficialismo buscaría quedarse, al mismo tiempo, con los dos consejeros por la mayoría y un tercero por la segunda minoría.

Este martes, los principales referentes de Juntos por el Cambio en el Congreso amenazaron con denunciar penalmente por incumplimiento de los deberes del funcionario y por sedición al presidente de Diputados, Sergio Massa, y la titular del Senado, Cristina Kirchner, si no aprobaban rápidamente a los nuevos miembros para el Consejo.

Cristina Kirchner, que jamás tuvo pensado designar al senador Luis Juez (PRO) –propuesto por el bloque opositor– para que ocupe un lugar en el organismo judicial, respondió con la jugada del quiebre del Frente de Todos.

En la presidencia de la Cámara baja, en cambio, advirtieron primero que, en este clima de tensión, Massa se vería obligado a designar al representante en el Consejo la próxima semana. “Si lo hace, tendrá que explicarlo”, avisaban desde el oficialismo del Senado, donde también molesta el silencio del presidente Alberto Fernández.

Sin embargo, el jefe de bloque del Frente de Todos en Diputados, Germán Martínez, le presentó a Massa una carta solicitándole que se abstenga de firmar la designación de la radical Roxana Reyes como consejera de la Magistratura, hasta tanto la Cámara no establezca un criterio para definir a quién le corresponde el puesto.

En la oposición interpretaron que no se trató de una presión al presidente de Diputados, sino de una estrategia de todo el oficialismo para dilatar el nombramiento de los consejeros, mientras busca avanzar con la ley para reformar el funcionamiento e integración de la Magistratura, que ya tiene media sanción del Senado.

En ese sentido, en Juntos por el Cambio evaluaban realizar este mismo miércoles una presentación judicial para forzar al presidente de la Cámara baja a firmar el nombramiento de Roxana Reyes.

El oficialismo no cuenta por ahora con los votos para aprobar la reforma del Consejo de la Magistratura en la Cámara baja. El proyecto del Gobierno busca dejar a la Corte Suprema fuera del organismo que controla a los jueces.

En el bloque oficialista ya reconocen que, para tener alguna posibilidad de avanzar, habrá que realizar cambios. No se descartaba ir con la propuesta de la diputada Graciela Camaño, que plantea que el máximo tribunal tenga asiento en el Consejo, pero no que presida el cuerpo. No obstante, tras la escalada de los últimos días, la legisladora del “peronismo federal” no querría quedar pegada a la jugada oficialista.

El fallo de la Corte Suprema ordenó volver a restituir los 20 miembros que tenía antes del 2006 el Consejo de la Magistratura. A los 13 miembros actuales deben sumarse siete: dos representantes de los abogados, una representante de los jueces, un representante de las universidades, dos representantes parlamentarios (por la “segunda minoría”), y el titular de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, que ya asumió la presidencia del organismo.

Por los abogados ya fueron electas Jimena de la Torre, de Juntos por el Cambio, y María Fernanda Vázquez, cercana al oficialismo. Por los magistrados, fue electa la jueza civil Agustina Díaz Cordero, crítica del Gobierno. En las últimas horas el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) designó a Pamela Tolosa, también cercana al oficialismo, como la representante de los académicos.

Como nuevo presidente del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti tiene previsto tomarle juramento en los próximos días a los cuatro nuevos integrantes del organismo, pese a las críticas del kirchnerismo.

La Corte Suprema ya decidió que no se esperará el nombramiento de los representantes del Senado y de Diputados para funcionar. Por ahora, tendría designados a 18 de sus 20 miembros.

Hasta ahora, el oficialismo contaba con siete de los 13 consejeros. Con los nuevos nombramientos, tendrá nueve de los 18 actuales. De acuerdo a la ley previa al 2006, con la integración de 20 consejeros, el quorum necesario para sesionar es de 12 representantes. Es decir, al oficialismo aún le alcanzaría para bloquear su funcionamiento.