Caso Fernando Báez Sosa: la defensa de los condenados pidió la absolución para tres de ellos

La defensa de los ocho condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa, ocurrido en la madrugada del 18 de enero de 2020 en la localidad balnearia de Villa Gesell, presentó este lunes un recurso de apelación ante el Tribunal de Casación Penal bonaerense, en el que insistió con distintos planteos de nulidad, y pidió que se aplique la figura del "homicidio en riña" para los cinco condenados a prisión perpetua y la absolución para los tres que recibieron una pena de 15 años de cárcel, informaron fuentes judiciales.

Hugo Tomei, quien continúa como defensor de todos los condenados, realizó su planteo a primera hora de hoy para tratar de revertir la sentencia dictada el último 6 de febrero por el Tribunal Oral en lo Criminal 1 (TOC 1) de la ciudad de Dolores.

El fallo había sido apelado ya por los fiscales que intervinieron en el juicio, quienes pidieron que la prisión perpetua alcance a los ocho jóvenes, por considerar acreditado que Blas Cinalli (21), Ayrton Viollaz (23) y Lucas Pertossi (24) tuvieron el mismo grado de responsabilidad que Máximo Thomsen (23), Enzo Comelli (23), Matías Benicelli (23) y Luciano (21) y Ciro Pertossi (22) en el crimen ocurrido frente al boliche "Le Brique".

Se pidió que Cinalli, Viollaz y Lucas Pertossi, condenados por los jueces María Claudia Castro, Emiliano Lázzari y Christian Rabaia a 15 años de cárcel como "partícipes secundarios", sean absueltos.

Y respecto a Thomsen, Comelli, Benicelli y Luciano y Ciro Pertossi, insistió en que el hecho sea recalificado como "homicidio en agresión tumultuosa", delito contemplado por el artículo 95 del Código Penal y que tiene una pena claramente inferior, que va de los dos a los seis años de prisión.

Juan Manuel Dávila y Gustavo García, quienes llevaron adelante la acusación fiscal ante el TOC 1, realizaron su planteo el último viernes, tres días antes de que venciera el plazo para hacerlo, y pidieron en ese sentido que todos sean sentenciados en calidad de coautores del delito de "homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas".

Tomei, por su parte, presentó un escrito de 109 páginas, al que tuvo acceso Télam, en el que pidió en primer término que se declare la "ilegalidad" del procedimiento en el que fueron detenidos los condenados en la mañana posterior al crimen, y cuestionó el allanamiento de la casa que alquilaban en Villa Gesell.

"Sin lectura de derechos, sin saber que podían negarse a responder preguntas incriminatorias y sin intervención de la defensa oficial, se les requirieron sus teléfonos celulares con las claves de acceso y la confesión sobre la propiedad de cada prenda de vestir con presuntas manchas hemáticas que se iban incautando", señaló.

En ese sentido, indicó que "la información sobre los derechos que gozaban en ese momento fue comunicada cuando todo había terminado, ya en la comisaria Villa Gesell, entre las 16:20 y 18".

Cuestionó además la intervención de la defensora oficial en las horas posteriores a la detención, porque "no transmitió" a los acusados la información sobre la realización de la autopsia, "prueba fundamental para la resolución del caso"

Subrayó además la "absoluta ilegalidad" de las indagatorias realizadas el 19 de enero, al día siguiente del crimen, ya que consideró que "nunca existieron", porque "las audiencias habrían durado entre uno y cinco minutos, tiempo imposible para cumplir con todas las obligaciones impuestas, detalladamente, por la ley ritual, bajo pena de nulidad".

"Sobre estas irregularidades conocidas por todos los funcionarios del Departamento Judicial de Dolores se asientan cinco penas a prisión perpetua y tres a 15 años", aseguró. De manera subsidiaria, la defensa requirió que se declare la "parcialidad" de los jueces de la Sala 1 de la Cámara de Apelaciones y Garantías de Dolores, que el 14 de abril de 2020 confirmaron las prisiones preventivas para los acusados.

Justificó el planteo en que en aquella resolución, los camaristas Luis Felipe Defelitto, Fernando Sotelo y Susana Yaltone llamaron a los imputados "mentirosos, fríos, calculadores, que salieron de cacería humana y que eran poseedores de una maldad inhumana".

A su vez, el abogado reiteró uno de los planteos centrales de su alegato de cierre en el juicio, al sostener que se violó "el principio de congruencia" en la sentencia porque, a su criterio, sus clientes llegaron al debate con una acusación genérica y la fiscalía modificó los hechos con una imputación más detallada.

En línea con lo sostenido durante el juicio, el defensor criticó además la actuación del abogado Fernando Burlando, quien encabezó junto a Fabián y Facundo Améndola la representación de los padres de Báez Sosa en calidad de particular damnificado, por entender que "humilló con violencia verbal a los acusados y ello fue probado en el debate".

"No se puede pensar de otra manera que las reiteradas intervenciones públicas del letrado tuvieron como eje condicionar el sentido de la respuesta final del caso", sostuvo, y criticó que "ningún juez del caso intervino a limitar los excesos, a pesar de las denuncias formuladas por mi parte, ni tampoco los Colegios de Abogados".

A su vez, consideró "inadmisible" que la sentencia "no haya efectuado ningún juicio de valor sobre la intervención de los medios durante el proceso penal", ya que entendió que "la influencia en el caso" y en los testigos "fue exorbitante".

El defensor pidió una audiencia con las partes y con los condenados presentes ante el tribunal de alzada provincial, para poder profundizar sus argumentos. El recurso de apelación de la defensa será analizado en primer término por el TOC 1, y en caso de ser admitido, será enviado a Casación.

Lo propio ocurrirá con el planteo formulado el viernes último por los fiscales, quienes pidieron en un escrito de 60 páginas, que Cinalli, Viollaz y Lucas Pertossi también sean condenados a perpetua por entender que tuvieron el mismo grado de responsabilidad que los cinco que recibieron la pena máxima.

Para los fiscales, "no hubo roles", sino que "todos hicieron todo" y "se pusieron de acuerdo para matar a Fernando", de acuerdo a la prueba incorporada durante la instrucción, a 87 testimonios brindados en el juicio y a decenas de videos reproducidos y pericias detalladas en las distintas audiencias.

En las próximas horas presentarán su apelación los representantes de Silvino Báez y Graciela Sosa, que adelantaron que irán en la misma línea de la fiscalía y pedirá las ocho perpetuas.

Fernando Báez Sosa fue asesinado la madrugada del 18 de enero del 2020 a la salida del boliche "Le Brique" en pleno centro de la localidad balnearia de Villa Gesell, tras ser atacado a golpes por un grupo de jóvenes que acababan de ser expulsados de la disco.

Horas después del homicidio, los ahora condenados fueron detenidos en la casa de veraneo que alquilaban a pocas cuadras de la escena del crimen, y actualmente están alojados en la Alcaidía de Melchor Romero, en La Plata, donde continúan a la espera de un posible traslado a una cárcel del Servicio Penitenciario Bonaerense.