La Fiscalía prevé ampliar el 5 de octubre las imputaciones contra Néstor Segovia y Camila Dos Santos Rizzi y luego revisar sus medidas cautelares. La querella sostiene que hay más de 30 damnificados y estima el perjuicio económico actualizado en unos $500 millones.
15:40 hs - Jueves 24 de Septiembre de 2026
La causa que investiga las presuntas estafas vinculadas con la firma Moderno House tendrá una nueva instancia clave el próximo 5 de octubre en los Tribunales de Santa Fe. Ese día, la Fiscalía realizará la audiencia imputativa para ampliar los hechos atribuidos a Néstor Gabriel Segovia y Camila Dos Santos Rizzi y, después de un cuarto intermedio, se analizarán las medidas cautelares de ambos. La definición surgió de una audiencia multipropósito realizada el martes ante el juez penal Lisandro Aguirre.
La investigación está a cargo de la fiscal de Delitos Complejos Jésica Bernard, junto con el fiscal Ezequiel Hernández, mientras que Ignacio Chigal representa a un grupo de damnificados. La audiencia prevista originalmente para septiembre había sido suspendida luego de un cambio en la defensa de uno de los acusados y planteos vinculados con el acceso al legajo. Finalmente, las partes acordaron concentrar la ampliación de la imputación y la revisión de las cautelares en una única jornada.
Más de 30 damnificados y un perjuicio millonario
La causa se inició a partir de las denuncias de personas que aseguraron haber entregado dinero para la construcción de viviendas prefabricadas que finalmente no fueron terminadas o entregadas. La firma tenía su local comercial sobre avenida Facundo Zuviría al 6600, en la ciudad de Santa Fe.
Según explicó Chigal, actualmente son más de 15 las víctimas que formalizaron sus denuncias y constan en el expediente, aunque el número total de damnificados superaría las 30 personas. El abogado señaló que todavía existe la posibilidad de que otros afectados se incorporen a la investigación.
“La causa tuvo más de 15 damnificados de los que denunciaron y de los que hoy son víctimas que constan en el expediente, pero hubo más de 30 damnificados. Muchos de ellos no han denunciado”, sostuvo el representante de la querella.
El abogado también destacó el trabajo realizado desde la reapertura de la investigación y valoró especialmente la intervención de la fiscal Bernard. “Gracias al impulso que le ha dado ella, esto ha tomado un giro bueno, que es el que uno deseaba y esperaba”, afirmó.
El mecanismo que investiga la querella
De acuerdo con la hipótesis planteada por Chigal, la captación de clientes se realizaba principalmente a través de redes sociales y publicidad. La propuesta comercial incluía beneficios como la bonificación de la platea sobre la que se asentaría la vivienda y la promesa de entregar las casas en plazos relativamente breves.
“En 30, 60, 90 días era llave en mano”, explicó el abogado, al describir el esquema con el que, según la querella, se persuadía a los clientes para realizar importantes desembolsos de dinero.
Chigal sostuvo que, en numerosos casos, los compradores abonaban la totalidad o buena parte del valor acordado con la expectativa de recibir su vivienda en el plazo ofrecido. “Con todas esas cuestiones que ellos beneficiaban o trataban de beneficiar a las personas con bonificaciones, con la ejecución de la obra en tan poco tiempo, persuadían a la gente y de alguna manera la engañaban”, afirmó.
La investigación busca determinar qué ocurrió con el dinero entregado por los damnificados y si existió desde el inicio una maniobra destinada a obtener los fondos sin cumplir con las obligaciones asumidas.
“Nos encontramos con esta causa donde salieron a la luz muchas víctimas que le entregaban el dinero, le hacían los reclamos, ellos no contestaban, y estamos investigando a dónde fueron esos fondos”, señaló Chigal.
De $30 millones a una cifra cercana a los $500 millones
Uno de los aspectos centrales de la investigación es la dimensión económica del perjuicio. Chigal explicó que, al momento de los primeros reclamos, se hablaba de aproximadamente $30 millones, correspondientes a valores de 2021 y 2022.
Con la actualización de los montos y el trabajo realizado sobre la información contable, la estimación de la querella se ubicaría actualmente en torno a los $500 millones.
“Aproximadamente hoy tenemos que hablar de una cifra millonaria cercana a los 500 millones de pesos actualizada”, indicó el abogado, quien remarcó el impacto que esa suma representa para las familias afectadas.
La cifra todavía forma parte del proceso de análisis y actualización contable dentro de la investigación.
Una causa que fue archivada y luego reabierta
El expediente había comenzado en 2024 y durante 2025 fue archivado por el entonces fiscal Federico Grimberg, quien había considerado que los hechos denunciados no configuraban una estafa penal y que debían ser discutidos en el ámbito civil. Esa decisión fue posteriormente respaldada por el fiscal regional Jorge Nessier.
La querella encabezada por Chigal recurrió la decisión y llevó el planteo ante la fiscal general María Cecilia Vranicich, quien el 29 de mayo de 2026 ordenó dejar sin efecto el archivo y reabrir la investigación. La causa fue posteriormente asignada a la fiscal Bernard.
A partir de la reapertura se incorporaron nuevas evidencias y se ordenaron distintas medidas de investigación, entre ellas los allanamientos realizados a comienzos de septiembre.
Cinco allanamientos antes de la nueva audiencia
El 9 de septiembre se realizaron cinco allanamientos relacionados con la causa en distintos puntos de Santa Fe y Sauce Viejo. Los procedimientos tuvieron lugar en domicilios ubicados en Salvador del Carril y Alvear, San Jerónimo al 2800 y Pasaje Lamadrid al 1500, en la capital provincial; en Julio Argentino Roca al 8800, en Sauce Viejo; y en un hotel ubicado sobre la Ruta Nacional 11.
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Los operativos se desarrollaron como parte de las nuevas medidas impulsadas por la Fiscalía luego de la reapertura del expediente y antes de la audiencia en la que se pretendía ampliar los cargos contra Segovia y Dos Santos Rizzi.
Qué se discutirá el 5 de octubre
La audiencia del 5 de octubre tendrá dos instancias. En primer lugar, la Fiscalía deberá precisar los nuevos hechos que atribuye a los dos investigados. Luego de un cuarto intermedio, se analizará la situación cautelar de ambos.
Actualmente, Segovia y Dos Santos Rizzi permanecen en libertad bajo medidas alternativas a la prisión preventiva, entre ellas la prohibición de salir del país, aunque la Fiscalía pretende que su situación sea revisada en la nueva audiencia.
Para Chigal, el objetivo de la querella es que la investigación avance en el fuero penal y que, en caso de determinarse responsabilidades, exista una condena. “En este caso estamos ante una sede penal en donde lo que se busca es una condena efectiva para estas personas que le generaron tanto daño a estas víctimas, donde se quedaron sin la casa, sin sus ahorros de toda la vida”, sostuvo.
El 5 de octubre será, así, un nuevo capítulo de una investigación que volvió a tomar impulso durante 2026 y que busca determinar si detrás de los incumplimientos denunciados existió una maniobra penal de estafa y cuál fue el destino de los fondos aportados por las familias.