La jueza penal Claudia Bressán ordenó hacer efectiva la prisión preventiva contra Leandro Benegas, imputado por abuso sexual con acceso carnal y corrupción de menores
11:33 hs - Sábado 14 de Marzo de 2026
El viernes 13 de marzo, la jueza penal Claudia Bressán ordenó la detención del exfiscal adjunto del Ministerio Público de la Acusación, Leandro Benegas, quien había sido suspendido en su cargo por la Asamblea Legislativa un día antes. La medida se dispuso en el marco de la investigación por presunto abuso sexual contra una menor, causa por la que había sido imputado el 23 de febrero pasado.
La magistrada dispuso que se haga efectiva la prisión preventiva que ya había sido dictada durante la audiencia imputativa, pero que hasta el momento no se había ejecutado debido a la inmunidad de arresto que poseía el funcionario por su condición de fiscal.
La resolución judicial
En su resolución, Bressán señaló que la suspensión del cargo dispuesta por la Asamblea Legislativa dejó sin efecto la inmunidad de arresto que protegía al funcionario.
En ese sentido, explicó que la jueza que intervino en la audiencia del 23 de febrero de 2026, Norma Senn, había ordenado la prisión preventiva, aunque su ejecución estaba impedida por el llamado “escudo protector” institucional.
Con la suspensión del ejercicio del cargo, la magistrada entendió que esa inmunidad quedó inactiva, por lo que correspondía efectivizar la prisión preventiva oportunamente dictada, conforme lo establecen la Ley 13.013 y la Ley 13.695.
Los delitos imputados
El abogado Leandro Benegas está imputado como autor de los delitos de abuso sexual con acceso carnal, en concurso ideal con promoción de la corrupción de menores, agravada por intimidación o coerción, en perjuicio de una menor de edad.
La investigación se encuentra en etapa de investigación penal preparatoria, mientras avanza el proceso judicial para determinar responsabilidades.
La postura de la defensa
Por su parte, la defensa de Benegas sostiene que los hechos denunciados estarían prescriptos, ya que —según su planteo— habrían ocurrido antes de la entrada en vigencia de la llamada “Ley Piazza” en 2011, normativa que modificó los plazos de prescripción para delitos contra la integridad sexual.
Ese planteo aún no fue resuelto por el Poder Judicial, por lo que la causa continúa en trámite.
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