Empieza el juicio por abusos sexuales contra el docente del jardín San Roque

Este martes a las 8.30 comienza el juicio a D. C., de 40 años, el docente que fue imputado y detenido a fines de febrero del 2020 al ser investigado como autor del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por ser el guardador y encargado de su educación, con corrupción de menores agravado, en perjuicio de un niño que asistía al jardín San Roque.

El juicio se llevará adelante en la sala 6 de Tribunales, con los jueces penales Gustavo Urdiales -presidente-, Pablo Busaniche y Pablo Ruiz Staiger. De acuerdo al cronograma que dio a conocer la Oficina de Gestión Judicial, los alegatos finales se realizarán el lunes 27 de junio y el veredicto se conocerá el miércoles 29 a las 8.30.

La Oficina de Prensa de la Corte informó que la causa está caratulada como "Céspedes, Dario sobre delitos contra la integridad sexual". Los delitos son en perjuicio de un niño de 5 años. Los hechos fueron denunciados por sus padres a las autoridades escolares a fines de 2018.

Los fiscales que investigaron y que llevarán adelante el juicio en representación de la Unidad de Violencia de Género, Familiar y Sexual (Gefas) del Ministerio Público de la Acusación (MPA) son Alejandra Del Río Ayala y Matías Broggi. La querella (por las víctimas) está cargo de Matías Pautasso y Carolina Walker Torres. Y la defensa de Céspedes es privada, son los abogados Sebastián Oroño e Ignacio Alfonso Garrone.

La fiscalía adelantó en audiencias previas que solicitará 16 años de prisión para D. C., y la querella 20.

Denuncias

La abogada Walker explicó a UNO que luego de la primera denuncia fueron cerca de 20 niños los que se acercaron a su estudio. Las víctimas en ese momento tenían en promedio tres años, muchos padres decidieron no avanzar en el proceso judicial a lo largo del tiempo, la mayoría no asistió a las cámara Gesell y luego ocurrió la pandemia, por lo que quedó solo un denunciante. El niño pudo contar con claridad a operadores del sistema judicial los sucesos que llevarán a D. C. al juicio.

Además, en el marco de este caso, la institución educativa fue intervenida por el Ministerio de Educación y dos autoridades de la misma fueron imputadas e investigadas por encubrimiento agravado. Una mujer de 49 años cuyas iniciales son C. F. L., quien era la directora de la institución educativa en 2018, año en el que se habrían producido los abusos fue sobreseída en mayo por el juez penal José Luis García Troiano. Por su parte, la otra mujer investigada tiene 36 años, sus iniciales son E. K., era la vicedirectora en 2018 y es la actual directora del establecimiento.

La acusación y el adelanto del pedido de 16 años de prisión para Céspedes la hizo el MPA el 30 de diciembre del 2020. Eso fue apelado por la defensa y se resolvió finalmente que debía ir a juicio.

Le rechazaron la libertad condicional tres veces

A mediados de febrero de este año hubo una audiencia a cargo del juez Nicolás Falkenberg. Allí se solicitó de parte de la fiscalía y de la querella una prórroga de la prisión preventiva. Por otro lado, la defensa pidió que quede en libertad condicional. El magistrado falló a favor de los fiscales y se extendió ocho meses más el plazo de detención. La defensa de D. C. (Garrone y Oroño), apeló esa resolución. Entonces el juez Roberto Reyes anuló el fallo de Falkenberg y ordenó que se haga una nueva audiencia para definir si corresponde o no la prisión preventiva a Céspedes.

El 1 de abril de este año el juez Jorge Patrizi prorrogó un año la prisión preventiva del docente. En esa ocasión los padres del niño por el que se promovió la denuncia y la investigación pidieron la palabra. Expresaron que el hombre les arruinó la vida y pidieron que siga preso. Este magistrado consideró en sus argumentos que "el entorpecimiento probatorio está acreditado".

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Uno de los ejes de debate fue que el tiempo de la prisión preventiva que corresponde por la ley está excedido. Pasaron más de dos años desde que detuvieron a D. C. La fiscalía presentó la acusación a los diez meses de la imputación. Pero la Oficina de Gestión Judicial no puso fecha de juicio en los tiempos que marcan las normas. Esta situación fue reconocida por Falkenberg en su fallo, que dijo: "Lamentablemente la carencia de recursos humanos, precisamente de magistrados, ha generado la dilación de los procesos que no es atribuible a ninguna de las partes del proceso. Por otra parte, no tendría sentido cautelar medidas a un imputado de prisión preventiva por peligro de fuga y entorpecimiento probatorio y luego disponerle la libertad muy poco antes del juicio oral y público porque eso podría llevar al absurdo que en la actualidad no se despachen más medidas cautelares".

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El 2 de junio Oroño solicitó que la sentencia de Patrizi sea anulada y pidió la libertad para su defendido. La audiencia estuvo a cargo del juez penal de segunda instancia, Enrique Álvarez, que ordenó que siga detenido hasta el juicio.