El juez Sergio Ariel Carraro ordenó una distancia mínima de 200 metros que afecta tanto a los funcionarios del intendente Mario Papaleo como a la cúpula sindical. La medida rige por seis meses bajo la figura de "cese de estado antijurídico" y será monitoreada por el Ministerio de Seguridad.
14:28 hs - Viernes 05 de Junio de 2026
El prolongado y tenaz conflicto que mantiene enfrentados al Ejecutivo de la Municipalidad de Sauce Viejo con la Asociación de Sindicatos de Empleados Municipales (Asoem) sumó un capítulo de altísima tensión institucional en los estrados judiciales.
En una audiencia celebrada en los Tribunales de la capital provincial, el juez penal Sergio Ariel Carraro dictó una restricción de acercamiento recíproca de 200 metros, una medida cautelar inédita que congela las posiciones de ambas partes en el territorio.
La resolución se adoptó en la Sala 2 de la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) en el marco de un legajo caratulado técnicamente como “Cese de Estado Antijurídico”, una herramienta penal utilizada para frenar la continuidad de presuntos delitos o desbordes mientras se dirime la investigación principal. Del acto participó activamente el fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Raúl Marcelo Nessier.
Seis meses de tregua forzada por la Justicia
La orden del magistrado penal no fue una concesión limpia para ninguna de las terminales políticas y gremiales. El dictamen judicial fija condiciones estrictas y plazos perentorios de cumplimiento inmediato:
► Distancia obligatoria de 200 metros entre los actores en pugna.
► Vigencia por un plazo de seis meses o hasta resolver el fondo.
► Plazo de 48 horas para remitir nóminas completas de autoridades al MPA.
La denuncia de origen había sido interpuesta formalmente por el intendente sauceño, Mario Papaleo, con el objetivo de neutralizar las protestas y asambleas que el gremio venía realizando en dependencias municipales. Sin embargo, el juez Carraro no convalidó un esquema de penalización unilateral y decidió blindar el perímetro extendiendo la restricción tanto a los representantes sindicales como a los funcionarios políticos del Ejecutivo.
La resolución judicial será comunicada de inmediato al Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe para coordinar operativos de control que garanticen el cumplimiento efectivo de las perimetrales.
El gremio acató pero advirtió que "no satisface las expectativas"
Al término de la audiencia, la conducción de ASOEM fijó posición pública. Los voceros gremiales remarcaron que se presentaron ante el tribunal para defender la plena legitimidad del derecho a huelga y ratificar el pliego de reclamos laborales que sostienen los empleados de Sauce Viejo, golpeados por deficiencias edilicias y operativas en los sectores de servicios.
Desde el sindicato hicieron especial hincapié en que el fallo salomónico del juez desarmó la estrategia original de la intendencia:
Sin exclusividad represiva: el gremio celebró que el juzgado no haya dispuesto medidas punitivas exclusivas contra la organización trabajadora, obligando también a Papaleo y sus secretarios a mantenerse a raya.
Tutela sindical intacta: aclararon con firmeza que la decisión del magistrado no altera, suspende ni limita las facultades de representación gremial que ASOEM ejerce legalmente en la vecina localidad costera.
Pese a este análisis, la entidad gremial reconoció que la resolución judicial no colma sus expectativas de fondo. Adelantaron que ya se encuentran bajo análisis una batería de herramientas institucionales, administrativas y judiciales para cortocircuitar la cautelar y asegurar que los reclamos por paritarias y condiciones de trabajo no queden amordazados por la vía penal.