Imputaron a la banda del "Peruano", el preso que paga sueldos semanales a sus sicarios de Rosario

Un piloto civil de nacionalidad peruana llamado Julio César Rodríguez Granthon, condenado en dos causas por narcotráfico, fue imputado hoy como jefe de una banda criminal dedicada a la venta de drogas, extorsiones, balaceras y homicidios en el Gran Rosario, y el fiscal del caso reveló que desde la cárcel de Ezeiza paga “un sueldo semanal” a una red de sicarios “por el simple hecho de que estén a sus órdenes”.

“Rodríguez Granthon trabaja operando desde su celda las 24 horas por un teléfono celular”, dijo el fiscal rosarino Franco Carbone este mediodía, luego de finalizada la audiencia en la que fue imputado junto a otras 18 personas por asociación ilícita y múltiples delitos.

El piloto nacido en Perú pero que desde hace años está radicado junto a su familia en la ciudad santafesina de Rosario, saltó a la luz pública al ser acusado como partícipe del asesinato del exconcejal rosarino, Eduardo Trasante, padre de una de las víctimas del triple crimen de Villa Moreno.

Antes, Rodríguez Granthon fue condenado en dos juicios federales por tráfico de estupefacientes en mediana escala: fue detenido en 2019 con tres kilos de cocaína en su automóvil y un tiempo después la Policía le secuestró a su banda un cargamento de 15 kilos de la misma droga.

Trasladado al Complejo Penitenciario Federal 1 de Ezeiza, como ocurrió con otros presos de “alto perfil” de Rosario -como el jefe de “Los Monos” Ariel “Guille” Cantero-, Rodríguez Granthon montó desde allí una organización criminal que gestiona por teléfono, según explicó hoy el fiscal Carbone.

Este mediodía terminó en el Centro de Justicia Penal de Rosario la última de una serie de audiencias que se iniciaron el 18 de diciembre, en las que fueron imputados con prisión preventiva 19 personas, presuntos integrantes de la organización ilícita.

Carbone explicó en rueda de prensa que 9 de los imputados ya estaban detenidos, mientras que otros 10 estaban en libertad y hay 5 personas prófugas con pedido de captura como sospechosas de integrar la banda.

Según la acusación, la organización liderada por Rodríguez Granthon cuenta con una red de sicarios que conforman la “pata violenta” de la estructura criminal.

El fiscal precisó en las audiencias que el “Peruano”, como se lo conoce el mundo delictivo, “abona a los miembros que se dedican a la parte violenta de la organización (popularmente conocidos como sicarios) un sueldo semanal por el simple hecho de estar a sus órdenes”.

En ese segmento de la estructura ubicó a los imputados identificados como Brian Emanuel Villalba, Jorge Pérez, Nazareno Gauna, Javier Alvarenga y Luis Adolfo Lallana.

Para el fiscal, Villalba “es el jefe de sicarios de la asociación criminal”, rol que desempeñó desde “su lugar de detención en el Pabellón 9 de la Unidad Penitenciaria 11 de Piñero y teniendo comunicación constante con Rodríguez Granthon”.

Desde la prisión santafesina, el presunto jefe de los sicarios del “Peruano”, dijo el fiscal Carbone, “brinda instrucciones al brazo armado del grupo sobre los domicilios o las personas que deben ser blancos de ataque, dispone el pago por los hechos de violencia cometidos y reprende a sus subordinados en caso de que los mismos no hayan tenido los resultados esperados”.

Según voceros del Ministerio Público de la Acusación (MPA), también fueron imputados el padre del “Peruano”, Francisco Rodríguez, y la pareja del jefe de la organización, Lucila Ayelén Rioja.

Para la Fiscalía, la mujer “es la encargada de ingresar en el Complejo Penitenciario 1 de Ezeiza teléfonos celulares” con los que opera su novio, de acuerdo a la acusación.

La extensa imputación a la banda también avanzó sobre un grupo de personas que opera en la localidad santafesina de Arroyo Seco bajo el mando de piloto peruano preso, dijeron las fuentes.

“A partir de sus actividades vinculadas al narcotráfico y al narcomenudeo, esta organización criminal realizó un despliegue de actos de violencia en la ciudad de Rosario, particularmente en algunos barrios de la zona oeste y norte”, sostiene la acusación.

Y agrega que eso se realizó “con la finalidad no solo de apropiarse del territorio para el desarrollo de sus actividades ilícitas y excluir de allí a la competencia, sino de doblegar la voluntad de las personas que mantenían deudas con la asociación criminal para obligarlas al pago, con la intención de sembrar temor no solo en estas últimas sino en todos los miembros de la sociedad”.