En ocho meses incautaron casi 3.700 celulares en cárceles de la provincia

En Piñera, el penal más poblado del sur provincial se secuestraron en lo que va del año 1.148 teléfonos celulares, casi uno por cada preso en esa unidad con capacidad para 1.426 internos.

Según publica La Capital de Rosario, es la cárcel que ranquea al tope en cantidad de aparatos hallados en requisas o allanamientos por orden fiscal. De enero a agosto, según un informe oficial, se encontraron en las penitenciarías de la provincia un total de casi 3.700 equipos, además de tablets, convertidores de televisión y hasta un router inalámbrico.

El dato no es menor si se considera que desde las cárceles se ordena el 95% por ciento de las balaceras que riegan de plomo las calles de Rosario. Una violencia lucrativa que tiene en su raíz un simple audio o mensaje de WhatsApp. “Piñero es un call center”, comentan fiscales habituados a seguir el rastro de líneas telefónicas que se activan desde unidades penitenciarias. Convertidas así, a la vez, en puntos de llegada y de partida del crimen organizado.

En los últimos seis años, gran parte de la escalada de violencia se planifica desde las penitenciarías. “El problema de la violencia en Rosario nace y se genera en las cárceles. La fuga de la cárcel de Piñero se gestó porque tenían celulares. Si no, no se podría organizar una evasión de esa magnitud”, opinó el fiscal Federico Rébola, que integra la Unidad de Balaceras junto a Valeria Haurigot y Pablo Socca, convencido de que sin celulares en los presidios esos incidentes “bajan un 20 por ciento”.

El área a su cargo remitió esta semana a la Secretaría de Seguridad Pública, que depende del Ministerio de Seguridad, un informe que da cuenta de las distintas e ingeniosas modalidades captadas en escuchas para ingresar celulares a las cárceles. El reporte de la Brigada Operacional Delegación Tribunales recopila hallazgos de legajos por abuso de armas, lesiones por armas de fuego y amenazas iniciados desde septiembre de 2020 a la fecha en los que hubo intervenciones de teléfonos a detenidos.

En números

Una estadística que el Servicio Penitenciario remitió hace dos semanas a esa unidad fiscal arroja que del 1º de enero al 4 de agosto, en inspecciones a las celdas de nueve cárceles santafesinas, se incautaron 3.691 celulares, un router para transmitir wi fi, una tablet, cuatro convertidores para televisión smart, tres Ipod, un módem portátil, una tarjeta de memoria y 264 tarjetas SIM.

La turbulenta cárcel de Piñero aparece a la cabeza de los secuestros con 1.148 equipos incautados en ocho meses, un promedio de cinco por día. Le sigue la cárcel de Las Flores, segunda en la lista con 1.058 aparatos, y tercera se ubica Coronda con 836.

El pico de hallazgos fue el mes de abril, con 603 celulares. La actividad parece lejos de retraerse: en los primeros cuatro días de agosto se encontraron 101 equipos. Un caudal que desafía los anuncios oficiales de sumar tecnología, inhibidores y escáners para detectarlos.

Esa cantidad de aparatos da cuenta de un fenómeno que, según el informe fiscal, no podría concretarse sin complicidad de agentes penitenciarios. Lo revelan las escuchas: entrar un celular la cárcel cuesta entre 15 mil y 20 mil pesos. Eso explicaría por qué en la fase dura de la cuarentena de 2020, cuando las visitas estaban prohibidas, se encontraron 32 teléfonos en un allanamiento al pabellón 6 de Piñero.

En ese lugar se alojaba Brandon Bay, jefe de la banda de Los Gorditos. A la semana se repitió el procedimiento y se encontraron otros veinte equipos. “Es un negocio”, repiten los investigadores, y apuntan como un dato casi grotesco que Ariel “Viejo” Cantero, fundador de Los Monos, llegó a criar un gallo dentro del penal.

En agosto de 2019, una balacera que dejó a dos personas heridas en la puerta de Piñero desnudó un negocio de las huestes de René “Brujo” Ungaro con la venta de turnos para las visitas que incluía el ingreso de materiales prohibidos, celulares entre ellos. El informe fiscal consigna que, según escuchas y testimonios, algunos penitenciarios cobran dádivas para permitir los ingresos. Y puntualiza, por caso, reiteradas referencias a una cantina cercana a la cárcel de Coronda que provee esos servicios.

Dinámica violenta

“Estos teléfonos poseen titularidad de líneas a nombre de otras personas, las cuales en su mayoría cuentan con datos falsos o adulterados”, advierte el informe sobre la telefonía intramuros. Aparatos que se usan a diario para dar órdenes sobre comercialización de estupefacientes, extorsiones, amenazas, balaceras, usurpaciones, homicidios y robos.

El informe apunta que el dinero recaudado con esos rubros violentos se usa para obtener “el servicio de personas (sicarios, soldaditos) y logística (armas, celulares, vehículos), lo cual permite adquirir cierto poder, tanto en el interior del servicio penitenciario como en el exterior, ocasionando temor en la sociedad”.

Ese trasfondo que se expresó este año en aprietes y balaceras en Rosario, como ocurrió en bares de Pichincha, a concesionarias de autos y a comerciantes de barrio Agote, afloró con insistencia en tres audiencias judiciales de esta semana. El lunes, cinco personas fueron imputadas por integrar una asociación ilícita que concretaba balaceras extorsivas a órdenes de Luciano “Lucho” Bogado. Un condenado por homicidio en Piñero que planeaba casarse y escapar, quien se ufanaba en escuchas de ser el rostro tras las balaceras “plata o plomo”.

El miércoles, el preso Mauro Emanuel V. fue acusado de liderar por teléfono desde Piñero una asociación ilícita que entre otros delitos amenazó a Marcos Basavilbaso, un chico de 15 años que vendía drogas y fue acribillado en Tablada el 23 de mayo. Como en otros casos, la referencia a la banda a Los Monos es recurrente: ambos jefes dicen pertenece a esa franquicia y cumplir órdenes de Ariel “Guille” Cantero.

El viernes Hernán “Lichi” Romero, renombrado jefe narco de una banda de zona noroeste, fue imputado por dirigir el año pasado el secuestro de un hombre de 37 años sin moverse de su celda en el pabellón 13. Según la pesquisa, presenció la golpiza a la víctima por videollamada y dio instrucciones a sus soldados por el mismo medio.

“Gran parte los delitos de abusos de armas que ocurren en la ciudad de Rosario son encomendados por personas privadas de su libertad, las cuales no poseen reparo alguno al momento de intimidar o amedrentar a los ciudadanos”, resume el planteo fiscal antes de solicitar un control más estricto en las requisas y advertir que, mientras el acceso a celulares no se revierta, casos de este tipo seguirán repitiéndose como en una espiral sin fin.

Por Por María Laura Cicerchia / La Capital