Allanamientos en Rosario: requisaron el despacho y secuestraron el teléfono del juez federal Marcelo Bailaque

Una mañana tensa sacudió a Rosario cuando, por orden de la Procuraduría de Lavado de Activos (Procelac), oficiales de la Gendarmería Nacional Argentina ejecutaron simultáneamente cinco allanamientos. La acción se concentró en el despacho del juez federal Marcelo Bailaque, en el juzgado N°4 de Rosario, ubicado en el bulevar Oroño al 700. Durante el operativo, se incautó el teléfono celular del magistrado y el de su secretario judicial, una medida que parece apuntar a sospechas de posible connivencia en hechos de corrupción.

Los otros cuatro allanamientos se dirigieron a edificios de organismos nacionales, entre ellos la ex AFIP y la ex Aduana, ahora conocidos como ARCA. Allí también se confiscaron los teléfonos de funcionarios de alto rango, revelando que la investigación se adentra en presuntos delitos tributarios, con implicaciones que podrían abarcar a varias instituciones clave en la fiscalización del país.

El contador del narco Alvarado y sus conexiones con la justicia

En el ojo del huracán se encuentra Gabriel Mizzau, contador de Esteban Lindor Alvarado, el narcotraficante condenado por la justicia rosarina. Mizzau, cuya relación con Alvarado ha sido documentada y objeto de investigación, también figura en esta red de conexiones personales y profesionales con el juzgado de Bailaque. Su hijo fue contratado en 2017 por el propio juez para desempeñarse en su juzgado, un vínculo que ha avivado las sospechas sobre posibles favores mutuos y falta de imparcialidad en el tratamiento de causas judiciales sensibles.

Sánchez, conocido como "Patrón", "Paraguayo" o "Rata", ya había sido vinculado con Los Monos por el juez federal rosarino Marcelo Bailaque.

Una denuncia que llega desde la Legislatura

La legisladora socialista Lionella Catalini se presentó ante el Consejo de la Magistratura a principios de noviembre para declarar como testigo en una causa que implica a Bailaque. En su testimonio, Catalini expuso que el magistrado habría favorecido de diversas maneras a Alvarado, al denegar y retrasar medidas de prueba en su contra. “Bailaque tiene antecedentes de mirar para otro lado”, aseguró la diputada, quien subrayó que el juez y el contador Mizzau compartieron amistad desde la escuela, vínculo que, según ella, se mantiene hasta hoy.

Catalini afirmó que existen incluso fotografías que mostrarían al juez y al contador en reuniones sociales. Esta relación estrecha, según la diputada, podría haber influido en decisiones judiciales que beneficiaron al narcotraficante, sumando dudas sobre la imparcialidad de Bailaque en causas vinculadas con el crimen organizado.

Inacción ante el narcotráfico

La diputada Catalini no escatimó en críticas a la gestión del juez Bailaque. Recordó que el magistrado mantuvo “parada” la causa contra Alvarado durante tres años. Aunque en 2020 el juez emitió una condena de 15 años para Alvarado por el transporte de marihuana, Catalini subrayó que no hubo avances en temas clave como el lavado de dinero y la organización criminal detrás del narcotráfico.

Según la diputada, en 2013 ya se había denunciado a Bailaque ante el Consejo de la Magistratura por su aparente desinterés en abrir causas relacionadas con narcotráfico, las cuales, asegura, eran necesarias para que los fiscales pudieran avanzar en la investigación del crimen organizado en Rosario. La inacción de Bailaque, sugiere Catalini, habría contribuido a que redes criminales en la ciudad continuarán operando sin mayores obstáculos.

Ecos de una mañana de allanamientos

La serie de allanamientos realizados en Rosario destapa una posible red de complicidad que va más allá de un caso de evasión tributaria. El escenario es complejo y sigue en desarrollo, dejando preguntas inquietantes sobre el papel de algunos funcionarios y magistrados en la lucha contra el narcotráfico.