La investigación por el brutal ataque ocurrido el pasado 30 de marzo en la Escuela Normal Mariano Moreno Nº 40 de San Cristóbal, provincia de Santa Fe, sumó un nuevo capítulo con allanamientos realizados en la ciudad de Tartagal, en Salta, donde las autoridades secuestraron dispositivos electrónicos y otros elementos considerados relevantes para la causa.

El procedimiento fue confirmado por el Ministerio Público Fiscal salteño, que detalló que los operativos se realizaron en el Distrito Judicial Norte en el marco de la investigación por el crimen perpetrado por un adolescente de 15 años, identificado como Gino C., quien asesinó a su compañero Ian Cabrera, de 13 años, e hirió a otros estudiantes dentro del establecimiento educativo.

Según se desprende de la investigación, el atacante habría actuado influenciado por comunidades virtuales vinculadas a discursos violentos, lo que llevó a los investigadores a profundizar la búsqueda de posibles conexiones digitales.

De acuerdo con información publicada por Once TV Salta, el avance de la causa permitió detectar una presunta red de agitadores virtuales, motivo por el cual se ordenaron allanamientos en domicilios de Tartagal.

Los procedimientos fueron autorizados por el Juzgado de Menores a cargo del juez Aníbal Burgos y supervisados por el fiscal Pablo Cabot. Durante los operativos se realizaron inspecciones y registros destinados a preservar evidencia digital que podría aportar datos clave para la investigación judicial.

En los domicilios allanados se secuestraron dispositivos informáticos, teléfonos celulares y soportes tecnológicos, los cuales quedaron bajo análisis. Desde el Ministerio Público Fiscal indicaron que, tras una primera evaluación, surgieron referencias relacionadas únicamente con la causa de Santa Fe y que, en principio, se descartó la existencia de un hecho independiente que represente un riesgo para la comunidad salteña.

Además, el organismo informó que se adoptaron medidas urgentes de resguardo y protección de menores, con intervención de la Asesoría de Incapaces y de la Secretaría de Primera Infancia, Niñez y Familia.

También se dispuso una consigna policial fija en uno de los domicilios involucrados y se prevé una audiencia ante el Juzgado de Menores, con participación del adolescente investigado, sus padres, representantes de la Fiscalía y la asesora interviniente.

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