El exministro de Seguridad y actual diputado provincial, Maximiliano Pullaro, fue aceptado como querellante en la causa que investiga el presunto espionaje ilegal que habría llevado adelante el exministro de Seguridad Marcelo Sain. El radical es una de las más de 600 personas que figuran en una lista que integran empresarios, periodistas y dirigentes políticos, entre otros, sobre los que se habría buscado información personal desde el Ministerio de Seguridad cuando esa cartera estaba al mando de Sain.
Pullaro será querellante en la causa por el presunto espionaje ilegal de Sain
El diputado radical fue aceptado como querellante en la investigación contra el exministro de Seguridad
12 de marzo 2022 · 09:07hs
Prensa
Maximiliano Pullaro
Por ese motivo, Pullaro solicitó semanas atrás ser querellante, lo que le permitiría tener acceso a la causa. El diputado aseguró en sus redes sociales que los abogados de las personas investigadas intentaron negarle el derecho que le asiste como víctima y aseguró: "Iremos hasta las ultimas consecuencias porque entendemos que se trata del hecho más grave de la democracia santafesina".
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Luego agregó: "Llama la atención la postura del Fiscal de Estado: solo le informó al tribunal que participa para «controlar la legalidad». Por nuestra parte no dudamos de la Fiscalía ni de los Jueces. Ya lo dijimos, y sostenemos, la provincia no puede ser querellante y acusarse a si misma".
A principios de febrero pasado Pullaro fue notificado como víctima del espionaje ilegal. El legislador fue notificado luego de que en enero pasado se presentara en la Fiscalía cuando su nombre apareciera en una lista donde aparecían presuntos investigados de manera ilegal.
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Los fiscales que vienen realizando la investigación pidieron una prórroga en diciembre y otra en febrero para hacer la audiencia imputativa. Hace días se decidió levantar el secreto de sumario, algo que venían pidiendo los abogados defensores de las personas que estarían involucradas y que aseguran que las demoras en realizar la audiencia imputativa se debe a que los fiscales no tienen pruebas.
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