Para el fiscal general, la Legislatura condiciona al MPA en la persecución de delitos

El jueves 18 de febrero se llevó a cabo la primera Junta Provincial de Seguridad, un espacio institucional enmarcado en la Ley de emergencia Nº 14.070, en la que el gobernador Omar Perotti, seguido por los ministros de Gobierno, Celia Arena, y de Seguridad, Jorge Lagna, se reunieron con representantes del Poder Legislativo, Corte Suprema de Justicia, fiscal general, fiscales regionales y fuerzas de seguridad.

En diálogo con el programa Todo en UNO (de 7 a 9 en UNO 106.3) el fiscal general del Ministerio Público de la Acusación, Jorge Baclini, celebró el encuentro entre “actores políticos y no políticos” para “ir diagramando lo que tendría que ser un plan de política criminal a largo plazo”.

“Es importante que empecemos a hacer definiciones no solamente sobre la ocurrencia de los hechos sino en una forma mucho más estratégica, generando definiciones a largo plazo, porque el problema del delito es una situación ya instalada desde hace mucho tiempo, lo que denota la existencia de una crisis”, advirtió el fiscal general, remarcando la necesidad de fijar una proyección a futuro en distintas áreas del Ministerio de Seguridad.

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Consultado por el rol de los fiscales en el escrutinio público, Jorge Baclini admitió que durante los ocho años de existencia del Ministerio Público de la Acusación se evidenció la necesidad de hacer “ajustes” en el mismo organismo, en el sistema judicial, y en su relación como “nuevo actor” con resto de los organismos del Estado o instituciones privadas.

“Han ocurrido distintas situaciones donde el Ministerio Público decide persecuciones penales que han generado un fuerte impacto a nivel político, sobre todo en el Senado y eso ha provocado cimbronazos que a nosotros nos han afectado mucho, sobre todo la sanción de la ley de control disciplinario de los fiscales por parte de la Legislatura, lo que consideramos totalmente inconveniente, una situación condicionante que ataca la independencia y la autonomía del MPA”, disparó.

E insistió: “Si estamos hablando de cuestiones de seguridad, en un sentido amplio, con la intervención también del Ministerio Público en la persecución de los delitos, es muy importante que el Ministerio Público pueda actuar en forma independiente y autónoma. El modelo de Ministerio Público que nosotros queremos es uno que no tenga ningún tipo de ataduras. Si vamos a perseguir delitos los tenemos que perseguir sin ningún tipo de condicionamiento”.

Según el fiscal general, la ley coloca el control disciplinario de los fiscales bajo el arbitrio de la Legislatura, lo que “naturalmente tuvo relación con episodios que específicamente se dieron de investigaciones que llevó a cabo el Ministerio Público”.

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“Nosotros reclamamos que se deje sin efecto esa ley y que se cambie por un modelo de control similar al que tienen los jueces”, sintetizó.

Por otro lado, Baclini destacó el convenio de cooperación celebrado a inicios del 2021 con el Ministerio Público Fiscal de la Nación, a partir del cual se trabaja en forma coordinada y se diseñan estrategias comunes en problemas importantes como el microtráfico y narcotráfico de drogas.

“Más allá de que el sistema federal judicial todavía no ha consolidado la reforma del sistema acusatorio, como sí la tiene la provincia Santa Fe, creo que es importante que las investigaciones las tengan los fiscales y que se ocupen todos los cargos vacantes”, añadió.

Sobre este punto, el fiscal general dijo que en Santa Fe hay una carencia de órganos policiales federales que trabajen en áreas de investigación de calle. “Si tenemos Policía Federal, Prefectura, Seguridad Aeroportuaria, solamente es trabajo de oficina y áreas de Administración, y nosotros necesitamos que en la provincia se instalen equipos de investigación para no trabajar solamente con una misma fuente, que es la Policía Provincial”, argumentó.

El trabajo del MPA

“En el 2011 en la provincia de Santa Fe había cerca de 4.000 personas privadas de la libertad, de las cuales 42% solamente eran personas que estaban detenidas, sin condena. Hoy después de 10 años, calculamos que tenemos 8.200 presos en la provincia Santa Fe, y de esta cantidad de personas aproximadamente el 55% están condenadas”, informó Baclini, opinando que estas cifras demuestran un claro aumento de la efectividad, ya que al principio el MPA contaba con 80 fiscales y actualmente son 165.

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Según el fiscal, el promedio anual de condenas es de 4.500. En los últimos ocho años han ingresado aproximadamente 200.000 causas por año pero no todas ellas culminan en delito o en persecuciones efectivas. “Un 40% o 45% de las causas que se denuncian son autores no individualizados, sobre todo delitos de calle, y esto va reduciendo la cifra de lo que nosotros investigamos a la mitad. Sobre la base de lo investigable también se va generando una reducción porque muchos de los delitos que se denuncia obviamente no hay una evidencia concreta o no hay pruebas, entonces efectivamente de lo perseguible se reduce un número importante”, explicó.

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“Muchas de las investigaciones que se llevan a cabo tienen impacto político y esto genera quizás más mediatización”, reflexionó. “Las causas políticas son las que más mediatización adquieren y eso obviamente genera mucho ruido y es importante también que el Ministerio Público esté preparado para poder trabajar con el impacto mediático que tienen esas causas”.

El fiscal general explicó que, debido a la amplia mediatización de los casos y las audiencias públicas, se suele caer en lo que se denomina “juicios paralelos”, con un desdoblamiento de lo que ocurre frente a las cámaras y lo que sucede en las oficinas judiciales, atentando contra el principio de transparencia. “Creo que es muy importante que no se escondan los actos públicos, que no se escondan los actos del gobierno que son también los que se hacen dentro del ámbito judicial”, remarcó.

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