El Ministerio de Educación vuelve a insistir con la posibilidad de que los padres o progenitores de los menores de edad -autores de las amenazas de bombas en establecimientos educativos- tengan sanciones económicas que podrían alcanzar los 50.000 pesos.

La cartera que conduce Claudia Balagué pretende que los jueces de menores que tienen a cargo las causas avancen con las investigaciones y determinen, en caso de que corresponda, sanciones penales y civiles.

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La idea del Ministerio de Educación es avanzar por fuera del ámbito educativo y que el tratamiento no quede simplemente en un trabajo reparador, con reuniones de padres y alumnos, dentro de las instituciones educativas.

En declaraciones a la prensa, el titular de la Regional IV de Educación, Juan Cruz Giménez, sostuvo que hay cuestiones que "exceden al ámbito educativo". Recordó que las causas vinculadas con mayores de edad fueron resueltas y tuvieron una sanción, no así las vinculadas con menores de edad.

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"Nos preocupan los menores de edad. Vamos a tener una reunión con los jueces de menores, Games y Surraco. Estamos esperando desde el ámbito judicial, ya sea en lo penal (si corresponde) o en lo civil (si corresponde) la sanción sobre el adulto responsable", expresó el funcionario.

"Después de un año y medio de esta ola de amenazas, que se ha tornado como un juego, hay más de 300 casos", apuntó. En ese sentido, reclamó por llegar a un camino definitivo, "que ya no es reparador, escolar, ni sancionatorio dentro del establecimiento; sino que tiene que ver con una clara disposición civil y penal".

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"La ministra lo ha hablado personalmente con el ministro de Justicia ( Ricardo Silberstein). Lo que pedimos es que nos informe por escrito el avance de las causas. Nos hemos reunido con todos, dentro y fuera de la escuela. Entendemos que hay un límite para todo esto", afirmó Giménez.