El Colegio de Profesionales de la Abogacía de Santa Fe expresó su rechazo a distintos artículos del paquete de leyes de seguridad enviado por el Gobierno provincial a la Legislatura y alertó sobre posibles avances que, según sostienen, podrían afectar derechos y garantías constitucionales.

A través de un comunicado institucional, la entidad manifestó su “profunda preocupación” por varios puntos incluidos en el proyecto denominado “Herramientas para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública”, al considerar que algunas disposiciones resultan incompatibles con principios establecidos en la Constitución Nacional y en tratados internacionales de derechos humanos.

Críticas a interrogatorios sin defensa y allanamientos

Uno de los aspectos más cuestionados por el Colegio de Abogados es la posibilidad de que las fuerzas policiales puedan interrogar personas detenidas sin la presencia de un abogado defensor. Desde la institución advirtieron que una medida de ese tipo podría vulnerar el derecho de defensa, además de abrir la puerta a situaciones de arbitrariedad o coerción.

También expresaron reparos sobre las facultades previstas para los fiscales en determinados procedimientos, especialmente aquellas vinculadas a allanamientos domiciliarios y restricciones de libertad que podrían aplicarse sin control judicial previo.

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Rechazo al “procedimiento por decreto fiscal”

Otro de los puntos observados es la incorporación del denominado “procedimiento por decreto fiscal”, mecanismo que —según señalaron— permitiría avanzar hacia condenas sin la realización de un juicio pleno y con una participación limitada de la defensa técnica.

En ese sentido, el Colegio remarcó que, si bien la seguridad pública constituye una demanda legítima de la sociedad, las respuestas frente al delito deben mantenerse dentro de los límites del Estado de Derecho y el sistema republicano.

Además, la entidad sostuvo que el fortalecimiento institucional no puede sustentarse en mecanismos excepcionales que impliquen un retroceso en materia de garantías individuales y división de poderes.

Finalmente, el Colegio de Abogados pidió abrir un “debate serio, amplio y responsable” sobre el contenido de los proyectos y se puso a disposición para colaborar en la elaboración de herramientas legislativas vinculadas a la seguridad pública, en línea con los derechos constitucionales.