Cruces por un hábeas corpus que denuncia el estado de las cárceles

El reclamo por las condiciones de alojamiento en las unidades penitenciarias de Coronda, Las Flores, de Mujeres y la Colonia de Recreo volvió a tener lugar en los tribunales penales de Santa Fe. Es que el titular de la Defensoría Regional Santa Fe presentó un hábeas corpus colectivo y correctivo en favor de los internos alojados dentro de la órbita del Servicio Penitenciario provincial.

El recurso judicial se amparó en que el propio ámbito penitenciario no cumplió con una serie de demandas establecidas en un hábeas corpus que había sido presentado el 29 de diciembre del 2014, donde el juez de Primera Instancia, Jorge Patrizi, hizo lugar y ordenó que se cumplan los requisitos solicitados por la Defensoría. Aquella medida fue apelada pero la Cámara de Apelaciones el pasado 21 de abril confirmó el fallo, a través de los jueces Martha María Feijoó, Oscar José Burtnik y Roberto Oscar Reyes.

De ahí en adelante, el Servicio Penitenciario debió cumplir el dictamen judicial pero ello no fue acatado, situación que motivó que en septiembre de este año, autoridades de la Defensoría vuelvan a realizar una inspección por los establecimientos penitenciarios para ratificar, nuevamente, lo denunciado en el primer hábeas corpus de diciembre de 2014.

Por tal razón, durante la mañana del martes pasado, una nueva audiencia se realizó en la Sala II de Tribunales, donde el defensor de Santa Fe, Sebastián Amadeo, y el titular del ámbito carcelario, Pablo Cococcioni, volvieron a verse las caras delante del juez Patrizi.

Por los diarios

Acompañado por el fiscal del MPA, Estanislao Giavedoni, Cococcioni dijo no haber sido notificado legalmente de la resolución de Cámara que dejó firme el primer hábeas corpus del 2014. "Me enteré por los diarios", confesó el director penitenciario.

En su relato ante los agravios expuestos por el titular de la Defensoría, Cococcioni detalló al juez Patrizi que en diciembre del 2015 se envió una nota a la Oficina de Gestión Judicial para conocer en qué estado se encontraba el hábeas corpus interpuesto en 2014.

"El 5 de enero de 2015 se nos contestó que la resolución dictada no se encontraba firme y que la medida se hallaba en la Cámara -dijo-. Yo quiero que se me notifique si quedó firme para saber lo que tengo que cumplir, al menos lo que me toca a mí ", pidió el funcionario provincial. "No puedo cumplir a lo loco o por instintos cuestiones que implican partidas millonarias para la provincia de Santa Fe", aclaró Cococcioni.

En torno a su gestión y las críticas recibidas por parte de la Defensoría Regional, el titular de Asuntos Penitenciarios remarcó que la política de esa área no puede ser planificada judicialmente. "Puede corregirse en condiciones extremas pero el curso de la política pública, la definen sus propios actores", calificó.

En las demandas realizadas por la Defensoría se detectaron ciertas falencias del Servicio Penitenciario. Por ejemplo, en la Unidad N° 4 de Santa Fe -cárcel de mujeres-, de los cuatro teléfonos públicos que se encuentran instalados para el uso de las 52 internas, solo uno se encuentra habilitado. Por otro lado, en la cárcel de Coronda, el organismo defensor detectó que la carne que se le ofrece a los presos tiene "mucho hueso y poca carne".

Otra de las falencias indicadas se basó en que los internos manifestaron que sus familiares deben abonar un "canon" en muchas oportunidades para poder ingresar a los pabellones en los días de visita.

No obstante ello, también se criticó que el Servicio Penitenciario no provee de toda la ropa de cama -solo hace entrega de frazadas-, sino que esta debe ser proveída por la familia del propio reo.

Al respecto, Amadeo se refirió al estado edilicio de las cárceles y para fundamentar ello, demostró en la audiencia 35 fotos que dejaron al descubierto las condiciones en las que se bañan los internos y en las que realizan sus necesidades. En tanto, apuntó al circuito eléctrico de cada unidad y señaló que es peligroso tanto para los reos como para el mismo personal penitenciario que trabaja. "No son solo privados de la libertad, sino también de sus derechos", destacó el funcionario judicial. "Esta Defensoría no intenta hacer políticas penitenciarias pero es su deber remarcar qué parte se cumple y cuál no", sentenció.

Al respecto, el juez Patrizi ordenó que se notifique de la resolución judicial de la Cámara a las autoridades del Ministerio de Seguridad para que se acate la medida adoptada por la Justicia.