Veinte diputadas denunciaron a Mingarini en la Procuración General

Desde diferentes bloques de la Cámara de Diputados, 20 legisladoras hicieron este viernes una denuncia conjunta en la Procuración General de Santa Fe para que se investigue y haya una aplicación de sanciones correspondientes al juez Rodolfo Mingarini.

A través de un documento las diputadas le solicitaron a Jorge Alberto Barraguirre, procurador general, que "realice la investigación y disponga las sanciones que considere pertinente, al juez penal de primera instancia del Distrito Judicial Nº 1 Rodolfo Alejandro Mingarini, por haber trascendido públicamente un decisorio que evidenciaría la carencia de aptitud esencial en el ejercicio de la función judicial".

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Las diputadas sostienen su pedido en las palabras que vertió el magistrado durante una audiencia de medidas cautelares que se realizó este domingo en los Tribunales de Santa Fe, y que UNO Santa Fe publicó este jueves. "En el convencimiento de que un juez de nuestra provincia no puede dejar en libertad a un imputado por abuso, utilizando como único argumento para ello el uso de preservativo. De manera expresa el juez manifestó: «No puedo relacionar ni entrar en la lógica de colocarse el profiláctico para tener esta relación cuando tiene que estar sometiendo a la víctima»", expresan las legisladoras en la denuncia realizada esta mañana.

En términos burocráticos, esta acción significa que, al pedir sanciones el procurador, el mismo se constituye en fiscal, e inicia investigación y evalúa sanciones. Estas pueden ser administrativas o puede derivar en un jury, si lo amerita el caso.

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Denuncia

La diputada Gisel Mahmud acercó la denuncia a la procuración este viernes en representación de todas las legisladoras. Firmaron también Lionella Cattalini, Lucila De Ponti, Erica Hynes, Silvana Di Stefano, Claudia Balagué, Clara García Alonso, Damaris Pacchiotti, Matilde Bruera, Paola Bravo, María Laura Corgniali, Georgina Orciani, Silvia Ciancio, Lorena Ulieldin, María Ximena Sola, Mónica Peralta, Betina Florito, Rosana Bellatti, Cesira Arcando, y Agustina Donnet. "Venimos en nuestro carácter de legisladoras y representantes del pueblo", se presentan en el documento al que accedió UNO.

"Esta conducta del magistrado no hace más que reafirmar la existencia de una justicia patriarcal que debemos revertir. Para lo cual se torna menester la condena de dicha conducta no solo por parte de la sociedad –como está sucediendo– sino también mediante las sanciones instituidas para reprochar el obrar antijurídico de los miembros del Poder Judicial. Es que de corroborarse un patrón de conducta en este sentido podría, incluso, alcanzar la sanción más grave de destitución por desconocimiento manifiesto del derecho causal de remoción de magistrados conforme a la Ley Provincial Nº 7.050", argumentaron.

Y concluyeron: "Esto podría entenderse porque se verían vulneradas de forma manifiesta la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (Ley N° 23.173), con rango constitucional según Art. 75 inc.22 CN; la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer - “Convención de Belem do Pará”. Como así también la ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales (Nº 26.485) y la Ley Provincial de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres (Nº 13.348)".