Disputan un recurso para preservar los vínculos familiares de las presas

En su escrito, Falkenberg consideró que la prisión domiciliaria para las madres podría retornar al niño a entornos violentos: “Si bien en la mayoría de los casos el interés superior del niño coincidirá con el otorgamiento de la prisión domiciliaria de la madre, habrá otros en los cuales podrían existir situaciones violentas o de abandono previas al encierro que aconsejen lo contrario”. 

“Por ello considero improcedente el despacho de una medida con la trascendencia colectiva peticionada que omite ponderar las situaciones particulares y concretas de la relación de cada interna con su hijo”, señaló. Y sobre este párrafo, Ganón concentró sus críticas: “La resolución del juez considera como malas mujeres a las que tuvieron conflictos con la ley penal y dice que devolverlas a convivir con sus hijos puede significar un peligro para los niños. En lugar de que la regla sea el arresto domiciliario para las mujeres embarazadas, como dice la ley, se invierte la carga de la prueba y pocas veces se otorga el beneficio. Esta misma situación se repite en forma sistemática en toda la provincia, donde los jueces ponen obstáculos al otorgamiento de este beneficio y obligan a las mujeres madres y sus los niños a la rotura del vínculo familiar. Otros argumentos que suelen usar los jueces para no dar el beneficio es que no hay pulseras electrónicas o que la persona detenida no tiene un domicilio fijo donde residir. Pero estas son todas condiciones que debe crear el Estado, no pueden ser utilizados como excusa para no implementar los derechos”.

Con sus madres 

El Instituto de Recuperación de Mujeres Nº 4 está ubicado en Uruguay 2663, de la ciudad de Santa Fe, y aloja a 45 reclusas. Allí hay un pabellón que estructuralmente es similar a los demás. Es decir que no cuenta con ningún equipamiento especial que lo distinga del resto. Y allí viven niños que “están privados de su libertad” junto a sus madres. 

Convivencia

En ese sector viven cuatro mujeres y cinco chicos. Esa convivencia está garantizada por la ley de ejecución de la pena privativa de la libertad, que prevé que hasta los 4 años los niños y niñas pueden alojarse en establecimientos carcelarios junto a sus madres.

Sin embargo, en el mismo edificio viven otras cinco reclusas que tienen hijos por debajo de esa edad y no conviven con ellos. Otra detenida atraviesa una situación similar. No tiene hijos, pero tiene un padre y una hermana discapacitados, cuyo cuidado dependía de ella hasta que cayó presa. La situación procesal de esas diez reclusas es disímil: algunas están condenadas, otras no tienen resuelta su situación.