Docencia privada: un proyecto contra posibles despidos

La iniciativa, que ahora pasa al Senado provincial, es similar a la iniciativa de su compañero de bancada Luis  Rubeo vinculado con los despidos de docentes privados. El proyecto pasó  por las comisiones de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, de Asuntos Laborales, Gremiales y de Previsión y de Asuntos Constitucionales y Legislación General. El texto propone modificar los artículos 30º y 31º de la Ley Provincial Nº 6.427, Servicio Provincial de Enseñanza Privada. La nueva redacción evita “despidos injustos cuya fundamentación pueda evadirse mediante el pago de una indemnización”, arguye.

Además, se actualizan las disposiciones normativas que en la redacción original hablaban de cesantías y que, por imperio de la sanción de la Ley de Contrato de Trabajo, había quedado derogada en los hechos.

 La normativa propuesta “no altera ni cuestiona la potestad de los titulares de establecimientos educativos privados” de administrar y dirigirlos, se encarga de aclarar el texto.

Necesidad

Coteluzzi señala que estos cambios eran necesarios porque “en el ámbito educativo provincial, los únicos casos de despidos sin invocación de causa pueden darse en la educación de gestión privada, habida cuenta de que en el ámbito oficial solo puede darse a través de un sumario que compruebe las causas invocadas para el distracto laboral y garantizando el derecho a defensa del docente”.

 “Todo despido sin invocación de causa es arbitrario puesto que, más allá de la reparación que intenta lograr la indemnización, priva al trabajador de conocer cuáles son las causas por las que queda sin trabajo”, indica el proyecto.

En caso de aprobarse los cambios en el Senado, frente a casos de “despidos sin expresión de causa”, el director del Servicio Provincial de Enseñanza Privada dispondrá “la quita del aporte estatal para el cargo que ocupaba el docente despedido”.

Durante la vigencia de la quita del aporte estatal, “en ningún caso podrá incrementarse el porcentaje ni el monto total del mismo. No obstante, la entidad propietaria podrá solicitar nuevamente el reintegro del aporte estatal, objeto de la quita, siempre que se acrediten las condiciones y pasados 30 meses de la disposición que así lo estableciere. En casos excepcionales, y a pedido de parte, el plazo se reduce a 18 meses, a condición de que “el empleador acredite el cumplimiento de todas las obligaciones laborales y de la seguridad social”.

En la actualidad, la educación privada abarca a 230.000 alumnos y 22.000 docentes titulares repartidos en 840 establecimientos, de los cuales 630 reciben aportes del 100%.