La Defensoría pidió que el Estado actúe en favor del consumidor

A diario vemos que la mayoría de las discrepancias en la materia se fundan en la escasa, deficiente o nula información que recibe el consumidor por parte de los proveedores de bienes y servicios. El consumidor no conoce la misma información sobre el producto que la que posee el proveedor, lo que pone en desventaja al primero.

De allí que la normativa en nuestro país considera esencial garantizar el acceso a la información en base a la aplicación del principio “favor debilis”, esto es la protección de la parte más débil.

“Estos derechos fundamentales en materia de consumo (información y libre elección) se ven amenazados por la tendencia cada vez más acentuada a la concentración por parte de las grandes empresas, muchas de ellas multinacionales, dejando al consumidor en una situación de vulnerabilidad mayor”, reflexionó Leiva.

Las grandes cadenas de supermercados, las telefónicas, los bancos proveedores entre otros servicios de tarjetas de créditos, los servicios de televisión por cable, las compañías aseguradoras, muestran el panorama de una relación en la que el consumidor se ve empequeñecido frente a quien le pone, cuando no impone, condiciones y precios en muchos casos abusivos o que directamente infringen la ley.

En estos casos es cuando el Estado debe establecer la relación de equilibrio, defendiendo al consumidor, haciendo valer la normativa vigente.

Los constituyentes de 1994 advirtieron esta situación y en el artículo 42 de la Constitución Nacional establece que “los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos, a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno”. Y continúa en el mismo artículo “las autoridades proveerán a la protección de esos derechos”.

Las estadísticas correspondientes al año 2015 en relación con los derechos de los usuarios y consumidores reflejan esta vulnerabilidad a la que están expuestos los ciudadanos.

En cuanto a las cifras, el 19 por ciento de los reclamos tuvo que ver con servicios que prestan los bancos y compañías de tarjetas de crédito; un 14 por ciento se debió a prestación deficiente de las empresas de telefonía móvil; 7 por ciento de las presentaciones fueron por problemas con la telefonía fija; más de un 6 por ciento por defectos de productos e incumplimiento de garantías y 5,95 por ciento correspondieron a incumplimientos contractuales; entre las temáticas más destacadas atendidas por la Defensoría del Pueblo.

Luciano Leiva advierte que “la escalada de precios de los últimos meses que afecta esencialmente la canasta básica de alimentos y otros rubros imprescindibles para la vida de una familia demandan del Estado una decidida acción de control”.

“¿Si sigue en vigencia el programa Precios Cuidados, se realizan los controles correspondientes? ¿Las autoridades del área de comercio intervienen en las cadenas de valor para detectar abusos? Si no es así, ¿cómo se defiende el interés económico del más débil como lo prescribe la Constitución Nacional?”, se preguntó Leiva.

“Los distintos niveles del Estado tienen el deber constitucional de defender el bolsillo de los más humildes porque en ello va la salud y la vida de quienes no pueden esperar porque tienen que comer, vestirse, educarse y vivir todos los días”, concluyó.