La Defensoría provincial advirtió: "Están en riesgo muchísimas pensiones para personas con discapacidad"

La Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe se refirió a la resolución 187/2025 de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y señaló que, más allá de la utilización de terminología obsoleta y peyorativa, lo grave son las restricciones al acceso a las pensiones por invalidez laboral.

Desde mediados de enero la Defensoría viene recibiendo un número creciente de reclamos por esta situación. "Nos preocupa la utilización de términos como idiota, imbécil y débil mental, porque lo simbólico tiene mucha importancia", señaló el defensor del Pueblo de la provincia de Santa Fe ad hoc, Gabriel Savino

Colapsaron las denuncias por falta de acceso a pensiones

Sobre esto agregó: "Nos preocupa más que con esta resolución se busca quitarle a un sinnúmero de personas su pensión, porque se endurecen los criterios para acceder a ella y los turnos para realizar los trámites los están dando para marzo o abril. Colapsaron todos los canales para realizar estas denuncias”.

Savino también cuestionó que hay muchas personas que no reciben la notificación para revalidar su pensión, con lo cual “el resultado es que se las terminan quitando. Tengamos en cuenta que para una persona con invalidez laboral la pensión es su medio de vida y el acceso a su cobertura de salud. Quitárselo es colocarla en una situación de extrema vulnerabilidad".

Comentó que en estos momentos la Defensoría del Pueblo se encuentra atendiendo y asesorando a las personas que se ven afectadas por esta medida, y que ya se han realizado reclamos y recomendaciones al Ejecutivo nacional.

“A través de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (Adpra) enviamos al gobierno nacional, y desde la propia Defensoría elevamos recomendaciones al Ejecutivo y también a Andis, respecto sobre la posibilidad de extender los plazos y otras medidas que permitan que las personas puedan realizar los trámites para revalidar sus pensiones sin perder el beneficio”, afirmó.

"Con esto hemos retrocedido 90 años en la promoción y protección de derechos para las personas con discapacidad, yendo en contra de Tratados Internacionales y de la propia Constitución nacional”, evaluó.