Ley de humedales: por qué duerme en el Congreso hace 10 años

La ley de humedales es la respuesta necesaria para proteger estos ecosistemas que representan el 20% del territorio nacional. El abogado ambientalista Rafael Colombo es uno de los tantos que visibiliza las graves consecuencias de los incendios, como los que hay hoy en día en el delta del Paraná. El profesional contó las múltiples trabas que tiene esta iniciativa histórica en el Congreso.

En lo que va de 2022 ya hubo 10.000 focos, muchos de los cuales se dieron en el delta del Paraná, "130.000 hectáreas reducidas a cenizas". "Es una prolongación casi tres años consecutivos de incendios ininterrumpidos en delta del Paraná pero también en otras regiones", detalló el abogado.

Al momento de hablar de los recursos que hay disponibles para combatir los incendios, Colombo manifestó que hay que discriminar entre las competencias, discusiones y responsabilidades de los tres poderes del Estado. "En cuanto a los poderes ejecutivos, no están entendiendo adecuadamente las sanciones y controles en el delta, a los fines de aplicar las sanciones correspondientes en el ámbito administrativo, la detección de los focos, el contraste de la información pública, el Senasa (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria), los monitoreos satelitales y lo que reportan los brigadistas", dijo.

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Por otro lado, consideró que hay una "incapacidad" por parte de los sistemas de Protección Civil. Rafael Colombo indicó que hace falta compartir los cuerpos, los discursos, establecer una política efectiva de sofocamiento de los incendios y de prevención, así también como rendir la información correspondiente para ponerla a disposición de la Justicia.

"En el ámbito del Poder Judicial tenemos casi tres años y ningún resultado concreto en cuanto a la detección y responsabilización de autores materiales y sobre todo intelectuales", apuntó el profesional. Y sentenció: "Los jueces y los fiscales a cargo de las principales investigaciones han logrado resultados mínimos en orden a establecer esclarecimientos con nombre y apellidos, con empresas, establecimientos agrícolas ganaderos, emprendimientos inmobiliarios, construcción de terraplenes o canalizaciones ilegales".

El Poder Legislativo Nacional no está sancionando la ley de humedales. Hace 10 años vienen luchando para que salga. Al respecto, Colombo destacó: "Eso evidencia en su conjunto, analizado globalmente que es una muestra de escaso compromiso por parte de las autoridades a la hora de tomarse el tema debidamente en serio".

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"Tenemos un problema muy serio en la región del litoral en cuanto al avance progresivo de los procesos de adjudicación de los ecosistemas que son claves para el bienestar de la población y que al mismo tiempo poseen un valor inherente en sí mismo" resaltó el abogado.

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Qué busca implementar la ley de humedales

"La ley de humedales aporta un ordenamiento territorial con criterio ambiental y con arreglo a los servicios ecosistémicos y valores inherentes que poseen los humedales, en este caso de naturaleza interjurisdiccional" declaró Rafael Colombo.

El profesional contó que esta normativa establecerá qué actividades se pueden realizar y cuáles no, cuáles son los procedimientos de evaluación de impacto ambiental que se tienen que llevar adelante antes de la ejecución de cualquier emprendimiento o proyecto. A su vez, regulará políticas activas federales, provinciales y municipales para proteger los humedales de la República Argentina que representan un 20% del territorio nacional.

Los humedales hoy se encuentran en peligro debido a las actividades agroindustriales, mineras e inmobiliarias.

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Greenpeace

Esta iniciativa ya tiene diez años de historia y dos medias sanciones en el Senado de la Nación que terminaron perdiendo estado parlamentario en la Cámara de Diputados. Ingresó dos veces en 2020, contaron con el dictamen liderado por la Comisión de Medioambiente de la Cámara de Diputados y el mismo estaba avalado por más de 300 organizaciones de trabajadores de la ciencia y comunidades multisectoriales de todo el país.

Como el proyecto de dictamen sancionado en noviembre de 2020 caducó en diciembre de 2021, la sociedad civil organizada junto con diputados volvieron a ingresar el proyecto el 2 de marzo de 2022 "pero lamentablemente el actual ministro de Economía y como presidente de la cámara (en ese entonces) demoró aproximadamente cinco meses en otorgarle a este proyecto el giro correspondiente de comisiones.

"En este año 2022 se han presentado nueve iniciativas en la Cámara de Diputados, una es la ya mencionada, junto a otras que fueron tratadas conjuntamente por las comisiones", sostuvo.

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Ante la consulta de si hay posibilidades de que la ley salga este año, Colombo indicó: "No existen los consensos necesarios por parte de diputados con nombre y apellido muy ligados a las provincias, provincias que curiosamente se caracterizan por tener un enorme nivel de flexibilidad en materia socioambiental, con el avance de extractivismos muy fuertemente arraigados, con intereses compartidos con actores poderosos como empresarios y actores políticos que integran las comisiones".

Y sentenció: "Vamos a tratar de hacer lo posible para que este año el proyecto ingrese al recinto y sea sancionado por la Cámara de Diputados y después iremos al Senado de la Nación a tener el debate correspondiente".

Buscan crear unidades fiscales especiales de investigación para los incendios

Rafael Colombo está a su vez impulsando una medida para dar respuesta a las quemas: "En los próximos días vamos a cursar una comunicación al Ministerio de Público Fiscal de la Nación y a los ministerios públicos provinciales de Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires para que se creen unidades fiscales especiales de investigación en relación de los incendios".

Estas unidades son normalmente creadas a partir de situaciones de gravedad institucional o en este caso el ecocidio que se vive en el delta y requiere de unidades especializas abocadas con tiempo concreto a la investigación de los incendios, así también como al requerimiento de la información correspondiente, la identificación de los responsables, la formulación de los cargos, entre otros. Colombo explicó de que no sería necesario que funcionen de forma permanente: "Pero hace dos años y medio venimos viviendo una situación que requiere de un abordaje particular, no un abocamiento circunstancial por parte de fiscales que ejercen otro tipo de funciones o que no tiene la especialización correspondiente como está ocurriendo ahora".