Los pros y contras de la ley de microtráfico de droga en Santa Fe, según un especialista

El abogado penalista y exinvestigador federal de narcotráfico Hernán Kovacevich destacó las luces y las sombras de la puesta en marcha de la ley de microtráfico de droga en Santa Fe. Por un lado, consideró que logró interrumpir la actividad de bandas que operan en barrios vulnerables, y por el otro, que en algunos casos cayó en un “populismo punitivo” al “criminalizar la tenencia mínima” de estupefacientes.

En diálogo con Rosario3, Kovacevich expresó: "La fragmentación normativa en torno al narcomenudeo en la Argentina me llevó a descubrir un mapa de contradicciones legales, decisiones políticas descoordinadas y un sistema judicial que se debate entre la eficiencia y la arbitrariedad”.

"El éxito de la ley de microtráfico depende más del código postal que de una estrategia nacional"

“Hoy, algunas provincias adhirieron formalmente al sistema: Buenos Aires, Córdoba, Salta, Chaco, Formosa, Santiago del Estero, y más recientemente Santa Fe. Sin embargo, la forma en la que aplican la ley es tan dispar como sus recursos”, comentó el además titular de la cátedra de Derecho Penal en la Universidad del Gran Rosario.

Según consideró, en la provincia bonaerense a partir de la aplicación de la normativa “aumentó exponencialmente las causas por tenencia para consumo y comercio minorista”. “¿Sirve de algo llenar las cárceles de consumidores y vendedores de baja escala mientras los grandes narcos permanecen intactos?”, preguntó.

“En Córdoba se implementó un fuero especial en narcomenudeo. El modelo parece más eficaz, pero también se denunciaron falta de criterios claros para diferenciar un usuario y un microtraficante. Muchas veces se judicializa la pobreza”, indicó.

Para el exinvestigador federal, la situación difiere en Salta y Jujuy, “donde el narcotráfico se mezcla con rutas del contrabando internacional y la Justicia provincial no da abasto”. “La fragmentación de causas cuando el narcomenudeo lo investiga la provincia y el narcotráfico Nación, genera interferencias, pérdida de información y operaciones que fracasan por falta de coordinación”, concluyó.

“En Santa Fe, la adhesión a la Ley 26.052 se dio en un contexto crítico, que fue la escalada de violencia narco, principalmente en Rosario, donde el narcomenudeo es una expresión territorial del crimen organizado. Si bien el traspaso a la Justicia provincial busca mejorar la capacidad de respuesta local y aliviar a los Tribunales federales, existe la duda de si el Ministerio Público de la Acusación tiene los recursos y la formación para abordar este tipo de delitos”, dijo.

Para el abogado, la aplicación en Santa Fe muestra “desafíos monumentales”. “La expectativa social es alta y los barrios más golpeados por la violencia esperan una justicia más cercana y eficaz. Pero sin una estrategia integral se corre el riesgo de que la medida se limite a la multiplicación de causas pequeñas sin impacto real en las redes delictivas”, aseveró.

“La principal virtud del modelo en Santa Fe es la cercanía con el territorio. Los fiscales y la Policía provincial conocen mejor a los actores locales y pueden actuar con mayor celeridad ante denuncias comunitarias. Se logró interrumpir redes de distribución que operaban en barrios vulnerables. También se alivió a la Justicia federal de causas menores para que se enfoque en las grandes estructuras criminales”, señaló.

Kovacevich también afirmó que el sistema tiene sus falencias. “La más notable es la tendencia al populismo punitivo. Se detiene con rapidez a jóvenes sin antecedentes, se criminaliza la tenencia mínima y no hay planes reales de inserción o rehabilitación. Muchas veces el narcomenudeo es apenas la punta del iceberg de una historia de exclusión estructural”, enfatizó.

“En algunas provincias se denunció armado de causas para mostrar resultados. ¿Qué significa en la práctica? Que se detenga al último eslabón de la cadena, a mujeres que venden droga porque pasan necesidades, jóvenes cooptados por bandas, personas con consumo problemático de sustancias que deberían estar en un centro de salud, no en un penal”, finalizó.

Por último, el especialista consideró que Argentina “necesita una política nacional integral sobre drogas que articule prevención, salud y justicia, sin fragmentar jurisdicciones”. “Hoy tenemos un sistema desigual, donde el éxito depende más del código postal que de una estrategia nacional. En muchas audiencias vi que el acusado es apenas un engranaje desechable del sistema. Sé que el narcomenudeo mal abordado no desarticula el narcotráfico, sino que lo refuerza, dándole más peones para reponer”, subrayó.

“El problema no es que las provincias intervengan. Es que intervengan solas, sin recursos, sin criterios comunes y sin una mirada a largo plazo. Argentina no puede seguir combatiendo el fuego con baldes sueltos. Necesitamos una política criminal con cabeza, corazón y, sobre todo, con coherencia”, apuntó.

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