Prestadores nucleados en Atraes viajarán este miércoles 9 de septiembre a Buenos Aires para pedir que la emergencia se extienda hasta el 31 de diciembre de 2027. La protesta coincidirá con una sesión especial de Diputados.
19:50 hs - Martes 08 de Septiembre de 2026
Transportistas de personas con discapacidad de Santa Fe se movilizarán este miércoles 9 de septiembre al Congreso de la Nación para reclamar que avance la prórroga de la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027.
La convocatoria nacional fue impulsada por la Federación Argentina de Transportistas para Personas con Discapacidad (Fatradis) y contará con la participación de prestadores santafesinos agrupados en Atraes.
La concentración se realizará en coincidencia con una sesión especial de la Cámara de Diputados, convocada para las 12 a pedido de distintos bloques opositores.
El objetivo de la jornada será exigir que las comisiones que deben intervenir en los proyectos vinculados con la emergencia en discapacidad y el sobreendeudamiento familiar establezcan plazos concretos para emitir dictamen y avanzar luego con su tratamiento en el recinto.
Una sesión especial en medio de la disputa política
El reclamo se produce después de que, en la última sesión, un intento de habilitar directamente el tratamiento de los proyectos mediante un apartamiento del reglamento reuniera 133 votos afirmativos, aunque no alcanzara los dos tercios necesarios para prosperar.
“Hay una mayoría importante de diputados que manifestó su voluntad de avanzar. El desafío del 9 de septiembre será lograr que las comisiones sean emplazadas”, señaló Pablo Bolego, presidente de Fatradis.
En paralelo, La Libertad Avanza impulsó reuniones de comisión y fijó un cronograma que contempla obtener dictamen a fines de septiembre.
Los bloques opositores cuestionaron esos tiempos y sostuvieron la convocatoria a la sesión especial, con el objetivo de acelerar el tratamiento y establecer fechas precisas para el debate.
Los transportistas también reclaman por los pagos
Además de la prórroga de la emergencia, los prestadores reclaman por las compensaciones pendientes, la insuficiencia de los aranceles, la falta de estudios de costos y las demoras en el acceso a las pensiones.
El planteo apunta a que los valores reconocidos actualmente no reflejan el costo real de sostener los servicios de transporte y acompañamiento de personas con discapacidad.
“No estamos pidiendo aumentos arbitrarios: estamos pidiendo contar con herramientas objetivas que permitan saber cuánto cuesta realmente sostener cada servicio”, afirmó Bolego.
El dirigente también advirtió que las demoras en los pagos afectan directamente a los prestadores, ya que una compensación abonada varios meses después pierde capacidad para cubrir el aumento de los costos operativos.
Por eso, pidió reforzar los mecanismos de gestión y agilizar los pagos pendientes.
El reclamo también se extiende a Santa Fe
En la provincia, Atraes mantiene además un reclamo para que se declare la emergencia en discapacidad a nivel provincial.
La entidad participa junto a otras organizaciones e instituciones de una mesa de trabajo que elaboró un proyecto propio, independiente del esquema nacional.
La iniciativa contempla medidas fiscales e impositivas, mecanismos de asistencia y subsidios destinados a sostener la continuidad de las prestaciones.
El objetivo es generar herramientas que permitan aliviar la situación económica de los prestadores y garantizar la continuidad de los servicios.
“Decisiones y respuestas concretas”
Bolego sostuvo que el sector busca mantener abiertos los canales de diálogo con los distintos niveles del Estado, pero reclamó que ese intercambio derive en medidas concretas.
“Queremos seguir construyendo soluciones junto a todos los niveles del Estado. Para eso necesitamos diálogo, pero también decisiones y respuestas concretas que permitan que miles de trabajadores puedan continuar realizando su tarea”, expresó.
La movilización de este miércoles buscará así presionar al Congreso para acelerar el tratamiento de la prórroga de la emergencia en discapacidad y, al mismo tiempo, visibilizar los reclamos económicos que afectan a los transportistas y a otros prestadores del sistema.