Santo Tomé: fabricantes amenazan con ir a la Justicia por la ordenanza de "pirotecnia cero"

Esta vez, la polémica por "pirotecnia cero" llegó a Santo Tomé. La norma que aprobó por unanimidad el Concejo de esa ciudad el mes pasado implica la prohibición de la venta, acopio y uso "de cualquier tipo de elemento pirotécnico" en el ámbito de la ciudad de Santo Tomé.

Alejandro Paolini, vocero de la empresa Cienfuegos, confirmó a UNO que de no modificarse, van a recurrir a la Justicia. En ese sentido, contó que fueron enviadas cartas documentos a los legisladores locales, como así también al municipio. Consideran a la ordenanza como inconstitucional, ya que existen leyes nacionales que regulan la pirotecnia y que definen organismos de control.

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Los fabricantes denuncian que la medida no fue comunicada a la industria y que nunca fueron consultados al respecto. Sostienen que la misma es "ciento por ciento restrictiva", a diferencia de la que rige en Santa Fe, la cual (hasta el momento) solo prohíbe aquellos productos de alto impacto sonoro, como las bombas de estruendo.

Si bien no fue promulgada, desde el Ejecutivo santotomesino anticiparon a este medio que no se analiza un posible veto, al tratarse de una ordenanza que fue aprobada por todo el cuerpo legislativo.

"Es una ordenanza ciento por ciento restrictiva. Sin comunicarnos en ningún momento nada. No nos llamaron a consulta, ni nos preguntaron", reclamó Paolini.

El referente de la industria sostuvo que los concejales desconocen el "ordenamiento jurídico" y apuntó: "Hay una ley nacional (20.429) que rige y regula la pirotecnia; establece que el organismo regulador es la Anmac y establece artículos de venta y uso libre en todo el territorio nacional. El poder de policía y regulación es de la Anmac y no está en el municipio, en tanto y en cuanto hay un organismo regulador federal. Una ley nacional no puede ser condicionada por una ley provincial, ni por una ordenanza".

"El transporte es potestad federal y las prohibiciones de cualquier tipo son federales, el municipio no puede prohibir. La tercera falla más grave es que hay una ley nacional. Los concejales no conocen el ordenamiento jurídico", señaló.