Ser madre tras las rejas: el crudo relato de internas santafesinas

Natacha Guala, integrante del programa Delito y Sociedad de la UNL, sostuvo que “se trata de una problemática compleja que requiere de abordajes integrales”. El informe fue desarrollado en el marco del Proyecto de Extensión de Interés Social de la Universidad Nacional del Litoral y refleja el profundo impacto que padecen las madres y su grupo familiar en situaciones de encarcelamiento. “El estudio busca visibilizar el tema y convocar a los actores institucionales y sociales para avanzar en el desarrollo de políticas específicas que garanticen los derechos de mujeres y niños”, afirmó Guala.

El 100% de las mujeres entrevistadas tienen por lo menos tres hijos; habiendo incluso un 37% con cinco y un 13% con seis hijos. La mayoría de ellas coinciden en que no es el mejor lugar para el desarrollo de sus niños.

Un dato significativo es que ninguna de las mujeres ve a sus hijos tres veces por semana. Además, el 60% tiene contacto una sola vez por mes y un 30% de las mujeres manifiesta que tiene al menos un hijo con el cual ha perdido prácticamente el contacto. Las dificultades económicas, las distancias, la falta de teléfono, las sanciones disciplinarias, la falta de un espacio adecuado y disponibilidad horaria, son algunos de los motivos que limitan el contacto. En estas condiciones, destaca el informe, es difícil mantener una relación sana y saludable.

 

Prisión domiciliaria

Otro dato sobresaliente es que el 75% de los hermanos han sido separados. La mayoría de ellos se encuentran viviendo con parientes lejanos . “Ante este escenario, las familias sufren el desmembramiento y las relaciones se deterioran”, señala el informe. 

De los casos relevados, más de la mitad de las mujeres accedió en algún momento a la prisión domiciliaria, la cual fue posteriormente revocada o suspendida por diferentes motivos y situaciones. Violencia de género, falta de vivienda, dificultades económicas y nuevas causas judiciales son motivos para suspender el arresto domiciliario.

La investigación describe que “la actuación judicial en la tramitación de los arrestos domiciliarios es irregular, lenta e inefectiva”. La dilación en la resolución de trámites se traduce en la falta de acceso a la justicia por parte de las mujeres detenidas. El desconocimiento sobre su situación legal y la falta de comunicación con sus abogados defensores produce el desconocimiento pleno de los derechos que las asisten.

En tal sentido, el informe exige medidas para que las mujeres accedan al arresto domiciliario y se garantice el derecho a la educación, a la salud y a vivir en familia.

El estudio elaborado sostiene que no se está cumplimentando con los estándares mínimos de derechos humanos, ni tampoco con la legislación en materia de familia y de protección integral de los niños y de las mujeres. En esa dirección, apela a tomar políticas para incorporar la perspectiva de género y de la niñez en los procesos penales.

 

Además, considera que deben articularse las políticas necesarias para que, ante el encarcelamiento de las mujeres, el Estado en sus distintos niveles actúe como garante de los derechos de los niños y se dé intervención a las instituciones competentes.

Por último, en el informe se considera fundamental que en este contexto se garantice el derecho de los niños a ser oídos en todo proceso relativo a su situación personal y familiar.