Una jueza de San Cristóbal frenó el incremento de tarifas de la EPE

La jueza en lo civil y comercial de la localidad de San Cristóbal, Graciela Gustcher, aceptó un recurso preventivo colectivo presentado por tres comerciantes locales en el marco de la ley 10.000, de protección de intereses difusos, ante el desmedido aumento de la tarifa eléctrica en el último bimestre facturado por la Empresa Provincial de la Energía (EPE). El tarifazo afecta a gran parte de la población y en muchos casos supera el 100 por ciento de incremento respecto del mismo período de 2017. La magistrada determinó la suspensión del pago de las facturas con incrementos superiores al 75 por ciento interanual hasta tanto la prestataria dé explicaciones y se expida un dictamen.

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Con la llegada de las facturas, a mediados de marzo pasado, San Cristóbal estalló en reclamos a través de los medios locales, redes sociales y en particular de parte de los mercantiles. Así es como el centro comercial local tomó la posta, y no sólo de sus afiliados, sino del resto de los comerciantes de la ciudad. Según explicó su presidenta, Susana Golle Alvarez, la intención de la entidad fue desde el inicio accionar por fuera de las autoridades y fuerzas políticas, para allanar tiempos burocráticos.

Tras un exhaustivo trabajo de investigación y comparación de facturaciones, consumos y costos, el centro comercial arribó a la conclusión de que la suba aplicada en período de marzo y abril de 2018 era "desmedida e irrazonable", y que los reclamos recibidos daban cuenta de aumentos "arbitrariamente aplicados de entre un 75 por ciento y un 100 por ciento" respecto del mismo período del año anterior.

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"No hay criterio en la medición: hay quienes recibieron esos aumentos habiendo consumido la misma cantidad de kilovatios respecto del período anterior; en otros casos la cantidad de lo consumido era excesiva siendo que el usuario no agregó artefactos eléctricos y el costo del kilovatio varía en distintos sectores. Sospechamos que las mediciones no fueron tomadas o se hicieron a la buena de Dios", explicó Golle Alvarez.

Entre los casos extremos, la presidenta del centro comercial citó a una heladería que el bimestre anterior pagó $24 mil de electricidad pero en el último recibió una factura por $96 mil. Otro perjudicado fue un quiosquero que posee un mínimo local, y que pasó de pagar $ 2.400 a deber ahora $9 mil. "Hay un comerciante que se le quemó una heladera, no la repuso (por lo que sin dudas consumió menos) y saltó de $ 2.900 a $ 5 mil", denunció.

El centro comercial elevó el reclamo a la EPE el 26 de marzo pasado, sin recibir respuestas. Evaluó entonces distintas alternativas, como acudir a la Justicia mediante un recurso de amparo, aunque finalmente se decidió que la mejor forma de reclamar e incluir al resto de los perjudicados (sean o no comerciantes) era iniciar una causa preventiva colectiva, que luego la propia jueza Gustcher redireccionó y enmarcó en la ley de intereses difusos. La demanda fue presentada por tres personas s, entre ellos, la propia presidenta de la entidad mercantil.

Los demandantes proponen como solución al problema que "se admita el pago de la misma tarifa del mismo mes del año anterior (2017), con un incremento del 20 por ciento (conforme el índice del costo de vida), se revea el valor del kilovatio y, por ende, de las tarifas, a los fines de no causar daños irreparables", y que éstas sean "justas y razonables", reza el texto redactado por el centro comercial de San Cristóbal.