Caso Mónica Aquino: pidieron penas de entre 10 y 20 años de prisión para los investigados

La Unidad Fiscal de Violencias de Género, Familiar y Sexual dio por cerrada la investigación en relación a la promoción y a la explotación sexual de la víctima. Solicitará penas de entre 10 y 20 años de prisión para la expareja, el excuñado y la exsuegra de la víctima. Mientras tanto, la búsqueda de la mujer continúa y la hipótesis principal de la Fiscalía sigue siendo la del femicidio.

La fiscal Alejandra Del Río Ayala presentó la acusación contra las tres personas investigadas por la explotación sexual de Mónica Aquino, la mujer que despareció de la ciudad de Santa Fe en mayo de este año. La funcionaria de la Unidad Fiscal Especial de Violencias de Género, Familiar y Sexual (GEFAS) de la Fiscalía Regional I ingresó el escrito este lunes a la tarde en la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) de la Primera Circunscripción Judicial.

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Una de las personas acusadas por la explotación sexual de la víctima es su expareja, un hombre de 31 años cuyas iniciales son HJP, quien tiene un antecedente penal condenatorio.

También fueron acusados MDP de 32 años, excuñado de la mujer; y MRA de 51 años, quien es la madre de los dos hombres y exsuegra de Aquino.

Femicidio

“La investigación en relación a la explotación sexual que sufría Mónica por parte de las tres personas está concluida”, informó la fiscal Del Río Ayala. “Presentamos la acusación porque entendemos que hay elementos suficientes para que esas personas sean condenadas en un juicio oral y público”, agregó.

La funcionaria del MPA reiteró que “la acusación es solo por los delitos relacionados a la explotación sexual de la víctima”. En tal sentido, añadió que “la búsqueda de la mujer continúa. Desde la Fiscalía seguimos ordenando medidas y diligencias para dar con su paradero, y nuestra principal hipótesis sigue siendo la del femicidio”.

“De la investigación se desprende que la mujer fue obligada a intercambiar sexo por dinero con personas indeterminadas entre 2017 y mayo de este año en las intersecciones de las calles San Lorenzo y Amenábar y Moreno y Urquiza”, planteó la fiscal. “Su expareja –y padre de tres de los cuatro hijos de la mujer– elegía las paradas, la trasladaba a esos dos lugares, controlaba sus movimientos, le impedía vincularse con su familia de origen, la golpeaba constantemente y la amenazaba con matarlas a ella y a su madre”, remarcó la fiscal.

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Del Río Ayala también sostuvo que “junto con su madre y su hermano, la expareja de la mujer se apoderaba del dinero que resultaba de la actividad sexual que ella era obligada a ejercer”. También hizo hincapié en que “los tres acusados actuaron de esa manera durante seis años, de forma regular y en conocimiento de la situación de extrema vulnerabilidad de Mónica”.

Lesiones

Además de los delitos vinculados a la explotación sexual, la Fiscalía le atribuyó a la expareja de la mujer unas lesiones que le produjo en el brazo con una cuchilla. “Fueron cometidas el 20 de abril de este año en la casa que compartían en el barrio Varadero Sarsotti”, precisó la fiscal.

A la expareja de Aquino, la Fiscalía le atribuyó la autoría de los delitos de promoción de la prostitución ajena agravada; explotación de la prostitución ajena agravada; lesiones leves dolosas calificadas por el vínculo y por violencia de género. Para él, la pena solicitada es de 20 años de prisión.

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Por su parte, al excuñado de la víctima, la Fiscalía le endilgó la autoría de los delitos de explotación de la prostitución ajena agravada y pidió una pena de 10 años de prisión.

En tanto, a la madre de los dos hombres investigados y exsuegra de Aquino, se la acusó de ser autora de explotación de la prostitución ajena agravada por la violencia y por la convivencia. La pena solicitada para la mujer es de 10 años de prisión.

A partir de la presentación de la acusación que hizo la Fiscalía, la OGJ deberá establecer una fecha para la realización de la audiencia preliminar. En función de los argumentos y las evidencias que presenten las partes, un juez deberá controlar la solvencia de la acusación fiscal, decidir si corresponde realizar el juicio oral y público y qué evidencias se admitirán en ese debate.