La Justicia elevó a juicio la causa por presunta administración fraudulenta contra los empresarios Grenón

La Justicia de Entre Ríos resolvió elevar a juicio oral la causa por presunta administración fraudulenta que tiene como principales imputados a integrantes de la familia Etchevehere y a los empresarios Walter y Viviana Grenón, en el marco de la investigación por el presunto vaciamiento de Sociedad Anónima Entre Ríos (SAER), editora de El Diario.

La decisión fue adoptada por el juez de Transición Pablo Nicolás Zoff, quien dispuso la clausura de la etapa de instrucción y rechazó los distintos planteos formulados por las defensas, habilitando así el inicio del proceso oral.

El expediente, iniciado en 2013 a partir de una denuncia presentada por Dolores Etchevehere, involucra a integrantes de la familia Etchevehere y a los empresarios Walter y Viviana Grenón, vinculados a la financiera Red Mutual.

Entre los imputados se encuentran Leonor María Magdalena Barbero Marcial; sus hijos Luis Miguel Etchevehere, exministro de Agroindustria durante la presidencia de Mauricio Macri; Arturo Sebastián Etchevehere, excandidato a gobernador de Entre Ríos por La Libertad Avanza; Juan Diego Etchevehere, dirigente ruralista; y los empresarios Walter y Viviana Grenón.

En su resolución, Zoff rechazó las excepciones de falta de acción por prescripción, atipicidad, vulneración del plazo razonable, excusa absolutoria y otros planteos de las defensas, además de denegar los pedidos de sobreseimiento y la oposición a la elevación de la causa a juicio.

El magistrado también requirió que Leonor Barbero Marcial comunique cualquier situación vinculada con su edad o condición que requiera adecuaciones durante el proceso, a fin de garantizar el pleno ejercicio de sus derechos.

La acusación fiscal

La remisión a juicio había sido solicitada en mayo por el fiscal Álvaro Piérola, quien sostiene que entre 2011 y 2015 los imputados desarrollaron una maniobra destinada a descapitalizar deliberadamente a SAER mediante la venta de gran parte de su patrimonio inmobiliario.

Según la acusación, los entonces directivos de la empresa aprobaron la transferencia de numerosos inmuebles ubicados en Paraná, Victoria, Nogoyá y Diamante a sociedades vinculadas a los propios imputados: Arroyo Ubajay S.A., Nexfin S.A. y Construcciones del Paraná S.A.

Para la Fiscalía, esas operaciones fueron posibles gracias a la actuación coordinada de los directores de SAER y de los accionistas de las firmas compradoras, quienes coincidían en muchos casos en las mismas personas. De esa manera, sostiene el Ministerio Público Fiscal, quienes decidían la venta de los bienes desde la conducción de la empresa también resultaban beneficiarios de esas adquisiciones.

Piérola afirma que el dinero obtenido por las ventas no se destinó a recomponer la situación financiera de SAER sino principalmente a cancelar supuestas deudas con los propios accionistas y con entidades vinculadas a ellos, dejando a la empresa sin activos suficientes para garantizar sus obligaciones comerciales, financieras y fiscales.

Presunto vaciamiento

La investigación sostiene que, tras desprenderse de la mayor parte de sus inmuebles, SAER continuó con severas dificultades económicas y debió recurrir a financiamiento privado fuera del sistema bancario para afrontar gastos corrientes.

Según la acusación, la descapitalización continuó con nuevas operaciones que comprometieron los últimos bienes de la empresa como garantía de préstamos, situación que derivó posteriormente en acciones judiciales de escrituración promovidas por acreedores.

El fiscal considera que existió una "maniobra fraudulenta" ejecutada de manera coordinada por quienes administraban la sociedad y por quienes participaban de las empresas adquirentes de los inmuebles.

La hipótesis acusatoria sostiene que las ventas respondieron a un plan destinado a transferir el patrimonio inmobiliario de SAER hacia sociedades controladas por los propios imputados, generando un perjuicio económico para la empresa y para sus acreedores.

Informe de la sindicatura

Uno de los principales elementos citados por la Fiscalía es el informe elaborado por la sindicatura durante el concurso preventivo de SAER.

Ese documento describe un progresivo deterioro financiero de la empresa y señala que el proceso se profundizó entre 2010 y 2012, período durante el cual se concretó la venta de la mayor parte de los inmuebles.

Según la sindicatura, lejos de sanear la situación patrimonial, esas operaciones incrementaron el nivel de endeudamiento. También sostiene que, una vez concretadas las ventas, la empresa quedó prácticamente sin bienes de capital y dependió del financiamiento externo y de la pauta oficial para sostener su funcionamiento.

La acusación remarca que el producido de las operaciones terminó beneficiando a personas y sociedades vinculadas a quienes administraban SAER, mientras la empresa continuó acumulando pasivos hasta ingresar en un proceso falencial en 2018.

Quiénes serán juzgados

La Fiscalía atribuye a Leonor Barbero Marcial y a Viviana Grenón el rol de autoras de la presunta administración fraudulenta por haber integrado el directorio de SAER.

En tanto, Walter Grenón fue acusado como partícipe necesario por su intervención a través de las empresas y entidades financieras vinculadas a las operaciones investigadas.

Luis Miguel, Arturo Sebastián y Juan Diego Etchevehere también enfrentarán el juicio como presuntos partícipes necesarios, al considerar la acusación que intervinieron simultáneamente como accionistas de SAER y como integrantes de Construcciones del Paraná S.A., una de las sociedades que adquirió parte de los inmuebles.

Con la decisión del juez Zoff, la causa quedó formalmente elevada a juicio oral, instancia en la que se debatirá la responsabilidad penal de los imputados por la presunta maniobra de administración fraudulenta vinculada al vaciamiento de SAER.