Dos hombres de 27 y 41 años, identificados por sus iniciales LDG y LAA, quedaron en prisión preventiva en el marco de una investigación que procura determinar cómo adquirieron armas de fuego como legítimos usuarios y posteriormente las desviaron hacia el mercado ilegal.

Las medidas cautelares fueron dispuestas este martes en los tribunales de la ciudad de Santa Fe por el juez José Luis García Troiano, a pedido del fiscal Agustín Nigro, quien señaló que entre los dos imputados y una tercera persona que permanece con orden de detención vigente habrían adquirido al menos 17 armas de fuego que luego fueron introducidas al circuito ilegal.

La investigación se encuentra enmarcada en los Objetivos Priorizados del Ministerio Público de la Acusación (MPA), dentro de su Plan de Persecución Penal.

Compras de armas y desvío al mercado ilegal

Durante la audiencia, el fiscal Nigro sostuvo que uno de los imputados, identificado como LAA, utilizó su condición de legítimo usuario para adquirir cuatro pistolas semiautomáticas en una armería de la capital provincial.

Las compras fueron realizadas entre el martes 11 de noviembre y el jueves 4 de diciembre del año pasado. Según la atribución delictiva, posteriormente entregó las armas a personas que no contaban con autorización legal para tenerlas en su poder.

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El segundo investigado, LDG, también registrado como legítimo usuario, habría comprado en el mismo comercio tres pistolas semiautomáticas, una carabina y un fusil semiautomático. Las operaciones se concretaron entre el martes 20 de enero y el jueves 16 de abril de este año.

De acuerdo con la investigación, esas armas también fueron desviadas hacia el mercado ilegal.

Falsas denuncias para ocultar las maniobras

Uno de los aspectos centrales de la investigación está relacionado con las denuncias que ambos imputados realizaron posteriormente.

Según expuso Nigro, los hombres se presentaron por separado y en distintas fechas en dependencias policiales para denunciar supuestos robos de las armas. Sin embargo, la hipótesis del MPA sostiene que los armamentos habían sido entregados voluntariamente a terceros.

La investigación avanzó cuando los datos de las armas denunciadas como sustraídas fueron incorporados al sistema informático del MPA. Allí se constató que varias de ellas habían sido secuestradas en otros legajos en los que se investigan hechos de violencias altamente lesivas.

Además, cuando los investigadores volvieron a entrevistar a los imputados para obtener mayores precisiones sobre los supuestos robos, ambos habrían brindado relatos que fueron considerados inconsistentes.

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Compras incompatibles con sus perfiles financieros

Entre las medidas realizadas durante la investigación también se incorporaron informes vinculados con las compras de armas y municiones efectuadas por los imputados.

Según explicó el fiscal, tanto los montos abonados como las modalidades de pago utilizadas resultaron incompatibles con los perfiles financieros de los dos hombres.

Para el representante del MPA, estos elementos se sumaron a las restantes evidencias reunidas para sostener la atribución delictiva y solicitar las medidas cautelares.

Riesgos procesales

Al fundamentar el pedido de prisión preventiva, Nigro sostuvo que los riesgos procesales estaban vinculados con la complejidad de la investigación y las posibilidades de fuga de los imputados.

El fiscal también señaló que existe una tercera persona vinculada al entorno de los hombres investigados que cuenta actualmente con una orden de detención vigente.

En ese sentido, planteó que entre los tres habrían adquirido al menos 17 armas de fuego que posteriormente fueron introducidas al mercado ilegal.

El juez García Troiano consideró acreditadas, con el grado de probabilidad requerido en esta etapa del proceso penal, las atribuciones formuladas por la Fiscalía. También tuvo en cuenta que las penas en expectativa contemplan prisión de cumplimiento efectivo.

Las imputaciones

Los dos hombres quedaron imputados como presuntos autores de los delitos de entrega ilegítima de armas de fuego y falsa denuncia.

La investigación continuará con nuevas medidas destinadas a determinar el destino de las armas adquiridas, establecer la participación de otras personas y profundizar la reconstrucción de las maniobras que habrían permitido introducir el armamento en el mercado ilegal.